Brasil retoma la actualización de su legislación un mes después de que en la República Dominicana se diera inicio a la adecuación del marco legal ante el impacto social, político y legal de las plataformas digitales.
Ante el uso masivo de redes sociales y buscadores como canales para difundir opiniones, noticias, propaganda política y también ataques a la vida privada de personas, varios países de América Latina han comenzado a actualizar sus marcos legales.
La República Dominicana reabrió el debate el pasado 2 de mayo, cuando el presidente Luis Abinader, remitió al Senado un proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, destinado a regular los medios digitales y reafirmar derechos fundamentales en el entorno comunicacional.
Un mes después, el pasado 4 de junio, la Corte Suprema de Brasil reactivó un juicio clave sobre la responsabilidad de las plataformas digitales frente a la difusión de contenidos ilegales.
Se trata de un proceso pionero en la región, que busca establecer límites al rol que juegan estas herramientas en la propagación de noticias falsas y discursos de odio.
En Colombia, el 25 de marzo pasado fue convertido en ley el proyecto que regula el acceso de menores de edad a redes sociales.
La iniciativa tiene como objetivo central garantizar un entorno seguro de interacción social y acceso a la información a los menores de 14 años, y establece sanciones monetarias a las plataformas que no cumplan con las regulaciones.
El caso brasileño
El Supremo Tribunal Federal analiza la constitucionalidad de un artículo del Marco Civil de Internet, vigente desde 2014, que establece que las plataformas solo son responsables si no acatan una orden judicial para eliminar contenidos ilegales.
Tres de los once jueces ya se han pronunciado a favor de imponer mayor responsabilidad a las tecnológicas, incluso sin necesidad de intervención judicial previa.
El proceso judicial tiene un trasfondo político, pues coincide con el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, y varios de sus colaboradores por un presunto intento de golpe de Estado en 2022.
Es el porcentaje aproximado de internautas que comparte contenido sin leerlo, según el presidente del CDP, Aurelio Henríquez.
La fiscalía alega que las redes sociales fueron clave en la difusión de desinformación sobre el sistema electoral, con el fin de justificar acciones antidemocráticas.
Uno de los puntos más debatidos es si las plataformas deben actuar de forma proactiva en la eliminación de contenidos ilícitos. La decisión del tribunal sentará jurisprudencia y podría influir en otras jurisdicciones de América Latina.
RD: un proyecto con alcances amplios
En el caso dominicano, la propuesta legislativa reafirma que no puede haber censura previa, pero establece responsabilidades ulteriores claras para quienes difundan contenidos a través de medios digitales.
Las plataformas con una comunidad de usuarios que represente más del 10 % de los internautas en el país estarían sujetas a regulaciones específicas, especialmente en lo relativo a publicidad, propaganda política y contenido patrocinado.
El proyecto contempla, además, la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), una entidad estatal descentralizada, con autonomía funcional, financiera y administrativa, que será responsable de aplicar la ley, definir políticas públicas y sancionar administrativamente a quienes violen las disposiciones, sin perjuicio de eventuales responsabilidades civiles y penales.
Durante la segunda reunión de la comisión bicameral que estudia el proyecto, el jurista Namphi Rodríguez, presidente de la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, recomendó excluir del texto todo lo relativo a la regulación de plataformas digitales.
Sin embargo, su propuesta no recibió respaldo ni entre los senadores ni entre los representantes del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).
El senador Félix Bautista advirtió que dividir el marco legal sería innecesario, mientras que el presidente del CDP, Aurelio Enríquez, defendió el texto original, tras recordar los dos años de trabajo y las consultas internacionales que respaldan su contenido.
Por su parte, el abogado Eric Raful insistió en que la regulación debe ser integral, dado el carácter transversal del ecosistema comunicacional.
La senadora Aracelis Villanueva, presidenta de la comisión y representante de San Pedro de Macorís, apoyó inicialmente la exclusión de las plataformas, pero aclaró que la decisión final será colectiva.
Colombia protege a menores de 14 años
Un proyecto de ley, el 261/2024, que regula el acceso de menores de edad a redes sociales, fue introducido al Congreso colombiano en noviembre de 2024 y aprobado en marzo de 2025.
El objetivo: garantizar la protección de los derechos de los menores de 14 años en el ámbito digital. Conforme con el artículo 9, las plataformas deben proporcionar herramientas digitales que permitan a los padres, tutores o representantes legales controlar la interacción digital total de los menores en dichas plataformas.
Las herramientas deben estar disponibles en todo momento y ser ofrecidas de manera automática, sin que la persona interesada deba solicitarlas expresamente. Además, las plataformas tienen el deber de ponerlas a disposición de manera permanente.
De las sanciones. En caso de incumplimiento, el artículo 10 impone sanciones administrativas “que pueden oscilar entre 5,000 y 50,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para aquellas plataformas digitales de redes sociales” que no cumplan con estas disposiciones.
España, Francia y Grecia impulsan desde el pasado viernes 5 de junio una propuesta para establecer una edad mínima en la Unión Europea para poder acceder a las redes sociales, una iniciativa a la que se han sumado también Dinamarca, Eslovenia y Chipre.
Presentaron formalmente la propuesta al resto de socios europeos en el Consejo de Telecomunicaciones que los ministros de digitalización de la UE celebrarán en Luxemburgo.
La propuesta no establece por ahora cuál debería ser esa edad mínima para acceder a las redes sociales o si tendría que variar en función del contenido, a la espera de ver cómo evoluciona el debate en el Consejo a partir de la reunión mañana, a la que por parte de España acudirá el ministro de Transformación Digital, Óscar López.
Los seis países también proponen crear herramientas obligatorias de verificación de la edad en la UE, así como mecanismos de control parental en todos los dispositivos móviles con acceso a internet.
Francia, Grecia y Dinamarca creen que debería haber una prohibición en las redes sociales para menores de 15 años, al tiempo que España ha sugerido que ese umbral sea de 16 años de edad.
Agencias de prensa indicaron el viernes que Francia ya adoptó en 2023 una ley que establece que los menores de 15 años deben obtener autorización parental para poder utilizar redes sociales.
Simultáneamente, Francia implementó gradualmente medidas para que los sitios de contenido para adultos implementen mecanismos para que sus usuarios confirmen su edad si desean tener acceso.
Por presión de Francia, la red TikTok prohibió el hashtag “#SkinnyTok”, que promovía una delgadez radical la cual hizo encender las luces de alarma por los riesgos que representa para la salud de los menores de edad.
“Tenemos una oportunidad que no podemos perder”, dijo a periodistas la ministra francesa para cuestiones digitales, Clara Chappaz. “Hoy, la verificación de edad es posible”, reforzó.
