Los servicios estándares de la empresa de telefonía Starlink promedian los 14,000 pesos dominicanos en sus ofertas más asequibles; considerando que en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria fueron confiscadas unas 12 parábolas de esta compañía en el pasado mes de febrero, se hablarían de una inversión que supera los 168,000 pesos mensuales, si se calcula el costo para mantener el servicio.
¿Cómo los privados de libertad pueden acceder a estos aparatos?, ¿Cómo se financian gastos corrientes desde la prisión?, ¿Cómo se pueden ingresar estos dispositivos a las cárceles?
La prensa nacional se ha hecho eco del problema que representa para la seguridad ciudadana el hecho de que los criminales de recintos carcelarios como este, tengan acceso a medios tecnológicos de esta categoría, ya que frecuentemente son utilizados para coordinar operaciones delictivas en diferentes puntos del país.
El defensor del pueblo, Pablo Ulloa aseguró que el uso clandestino de aparatos de comunicación en las cárceles dominicanas es una problemática que se mantiene por falta de voluntad política.
“Eso no es un tema de la ley de Compras, es un tema de voluntad política, porque las cárceles no pueden tener disponible el uso de celulares”, expresó.
En el Cafecito de Diario Libre, el funcionario explicó que la comunicación dentro de las penitenciarías es un derecho que debe ser regulado como se tiene establecido en otros países.
“Es un tema simple, tú bloqueas la señal -y hay una resolución que el defensor presionó para que Indotel generara-, se asignan los recursos para bloquear los celulares y en las cárceles se habilita un teléfono fijo, como pasa en todas partes del mundo”, Pablo Ulloa.
Para el ómbudsman, este es un tema de seguridad nacional y amerita que se le ponga atención. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de que la cárcel de La Victoria sea sacada de funcionamiento de forma permanente.
Pablo Ulloa cree que se deben habilitar estructuras exclusivas para los privados preventivos, tomando en cuenta que estos representan casi el 60% de los reos. “Hay infraestructuras que se pudieran acondicionar para recibir esos privados de libertad y que tengan mayor dignidad. Así habría menos negocios en las cárceles”, puntualizó.
“La Victoria no tiene razón de ser”
“La Victoria debe ser demolida y Las Parras debe ser utilizada; La Victoria no tiene razón de ser en una sociedad moderna”, dijo Ulloa, en referencia a la prisión más poblada del país.
El servidor público reiteró que este penal se ha convertido en un “laboratorio criminal” que sirve para conectar y alimentar el negocio del delito de forma remota.
Autonomía
En las cárceles se desarrollan distintos problemas que requieren la intervención directa de las autoridades. En ese sentido, Ulloa critica que todavía la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales no sea un órgano autónomo para atender las dificultades que atraviesa esta población, que se acerca a las 26,000 personas, según las últimas estadísticas.
En esa línea, el defensor del pueblo señaló que otorgarle independencia financiera a esta entidad adscrita al Ministerio Público, también será vital para mejorar la situación de las prisiones y las vulneraciones de derechos de los presidiarios.
“El sistema carcelario y el Inacif (Instituto Nacional de Ciencias Forenses) tienen que operar de manera independiente y con su propio presupuesto, porque tú no puedes estar esperando 200,000 o 400,000 pesos para los medicamentos de alto costo de los privados de libertad”, subrayó.
