La propuesta de reforma a la Ley 16-92 que crea el Código de Trabajo es una acción que empresarios y representantes sindicales valoran pertinente, tras 32 años de haberse promulgado esta normativa, y 14 años de debates en torno a su actualización a los nuevos tiempos.
Las fuentes consultadas por Diario Libre consideran que la propuesta exhibe avances en los procedimientos que intervienen en las relaciones laborales y la flexibilización de las jornadas de trabajo, aspectos que vale la pena tomar en cuenta aún sin haberse logrado un consenso sobre la cesantía, el principal punto discordante en el diálogo tripartito.
“El sector empresarial debe hacer un balance de los pro y los contra de no tratar ese tema ahora mismo, y uno de los aspectos es el tema de la jornada laboral”, observó Circe Almánzar.
Como consultora en asuntos públicos y pasada vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Almánzar expresó que contar con jornadas laborales que se adapten a las necesidades de las empresas y a los nuevos tiempos en el mercado laboral podría convertirse “en una conquista importante”, que impactaría positivamente la competitividad.
En esto coincide la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, quien entiende que los puntos consensuados suponen avances en los trabajos de readecuación de la normativa.
“Mejorar los procedimientos vinculados a la relación de trabajo, tanto lo concerniente a la administración laboral, los trabajadores y los empleadores actualiza prácticas, reportes y plazos que hacen más fluido el cumplimiento de la ley, la medición y la conciliación”, manifestó.
¿Anuncio apresurado?
Sin embargo, hay dirigentes empresarialess que observan que la cesantía no debería ser una discusión para otro momento.
“Sería realmente muy penoso que no se haga el esfuerzo, por parte del Gobierno y por parte de los sindicatos, en arreglar lo que es la causa del 56 % de informalidad en nuestro país. Sería un flaco servicio a la modificación, realmente”, zanjó el presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Luis Miura.
Precisó que la cesantía es la principal elemento que impacta el costo laboral de una mipyme, sumándose a las obligaciones que ya impone la Ley 87-01 de Seguridad Social para que los empleadores aporten a los fondos de pensiones y seguros de sus empleadores, por lo que someter una propuesta sin lograr consenso en esta parte podría ser “apresurado”.
Enfatizó que lo que su gremio ha propuesto en las mesas de negociación no es eliminar este derecho adquirido, sino buscar alternativas que lo hagan sostenible, como colocarle un tope a este fondo que se debe entregar al empleado, o que este sea canalizado como un seguro de desempleo.
En esto coincide Eliseo Christopher, presidente de la Confederación de las Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), quien entiende que la cesantía “debería estar fuera” de la reforma laboral y contemplarse como parte de la reforma a la seguridad social.
A juicio del vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, la reforma laboral debería, en efecto, analizar el impacto económico que tendría la cesantía para las pymes, a fin de que esta modificación logre reducir la informalidad existente en este tejido productivo.
Sin embargo, el sector sindical mantiene invariable su postura: si las empresas defienden su derecho al desahucio, los trabajadores deberían mantener su derecho a la cesantía en las condiciones ya establecidas, según confirmó a Diario Libre el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu.
Para Abreu, la propuesta de reforma a esta pieza legislativa no es “la que quieren los empresarios”, o “la que quieren los sindicalistas”, sino la reforma “posible”, en las circunstancias actuales. “Tenemos 14 años en esta discusión; ha habido tiempo suficiente para haberla visto, leído y estructurado”, señaló.
Con todo, existe la intención, por parte del sector empresarial, de lograr el consenso.
“Esperamos que, en los próximos días, a través del diálogo y el consenso tripartito, podamos arribar a acuerdos sobre este tema, que es parte esencial de la competitividad del país”, proyectó Izquierdo.
Días adicionales
Dos de las principales propuestas presentadas ayer por el Gobierno y que se vinculan directamente con los derechos de los trabajadores, es la suma adicional de un día de vacaciones a partir de los tres años, y dos días adicionales a la licencia por paternidad.
Abreu reconoció que los empleados pueden verlos como “pocos”, pero aún así fueron bien recibidos. “Un empresario no calcula un día de vacaciones pensando en un empleado, lo multiplica por la cantidad de trabajadores que tiene, y su costo al año. Por eso decimos que eso es un avance”, acotó.
Lo valoró como un aspecto importante, sobre todo en la licencia de paternidad. “Es una manera de ir creando compromiso, en el sentido de que la responsabilidad familiar no es solo del ente femenino”, valoró.
Reconocer el trabajo doméstico
En lo que respecta a la inclusión del trabajo doméstico en la reforma laboral, Abreu la calificó como un primer paso hacia el reconocimiento de los derechos laborales de quienes se dedican a este oficio, entre ellos, el acceso al mercado formal.
Precisó que no se trata de “convertir a los hogares en industrias”, sino lograr que a las domésticas se les otorgue el derecho a un salario mínimo base, así como contribuir a que se identifique su participación dentro del mercado laboral.
Para Almánzar, este tema debe tratarse sin generar distorsiones en la economía. “Impulsar medidas a sociedades que no están preparadas para ello puede ser contraproducente y que, en vez de conquistas, creemos distorsiones o retrocesos”, remarcó.
El presidente de Copymecon, Eliseo Christopher, entiende que hay sectores, como el de la construcción, en los que se excedela proporción de empleados extranjeros respecto a los dominicanos, razón por la cual se deberían “sincerizar” los aportes de la mano de obra extranjera y pensar en alternativas para regularizarla.
