El abogado Ricardo Antonio Pellerano fue sometido a la justicia y condenado por un tribunal civil, por no haber devuelto la suma de 44.6 millones de pesos de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos al Banco Central de la República Dominicana (BC).
La sentencia fue emitida el pasado 22 de abril del 2014, por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que preside la jueza Wendy de Jesús Mieses.
La demanda fue formulada por el Banco Central en reclamo a un préstamo contraído por Pellerano Paradas, en asociación con Miguel Pimentel Kareh, por la suma de 49.6 millones de pesos con el Banco Mercantil, luego adquirido por el Republic Bank.
Al tribunal se presentaron todos los documentos firmados por los responsables del préstamo, de diciembre del año 2002, antes de la debacle fraudulenta del sistema financiero, que culminó con el cierre del Baninter, Bancrédito y Banco Mercantil.
Préstamo millonario no reembolsado
Pese a la existencia de toda la documentación probatoria del préstamo, y la presentación de pruebas sobre otras operaciones conjuntas sobre la Asociación Popular de Ahorros Préstamos, de parte de Ricardo Pellerano y Pimentel Kareh, el primero presentó una demanda de nulidad y contrademandó al Banco Central por daños y perjuicio por 2 mil millones de pesos.
El tribunal rechazó varias demandas de Pellerano Paradas, incluyendo una de inconstitucionalidad de la cesión de crédito entre el Republic Bank y el Banco Central, que fue quien pagó los pasivos del Banco Mercantil de alrededor de 7 mil millones de pesos.
El tribunal civil consideró que Ricardo Pellerano Paradas y Miguel Pimentel Kareh recibieron el préstamo del Banco Mercantil, por 49.6 millones de pesos, que se sustentan en un contrato y en las firmas de los pagareses, y que ese préstamo fue cedido al Republic Bank, y que este banco lo entregó al Banco Central, y que la suma prestada debía ser reembolsada el 3 de julio del 2003, pero no se hizo, de lo cual tiene la constancia documental.
Dice que se utilizaron los procedimientos legales de notificación a los dos ciudadanos, por lo que la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia los condenó al pago de la suma de 49.6 millones de pesos al Banco Central, por concepto de la deuda contraída en 2002, y también los condena al pago de los intereses convencionales generados.
