El Ministerio Público (MP) solicita cuatro meses más para depositar la acusación formal contra los hasta ahora 20 imputados.
La jueza Ana Lee Florimón prorrogó para el 15 de enero la audiencia en la que conocerá la solicitud del Ministerio Público (MP) de que se le amplíe el plazo para someter la acusación formal a los veinte imputados en Operación Calamar.
La magistrada aplazó la audiencia porque la imputada y abogada Ana Linda Fernández no se presentó por problemas de salud.
En el caso de malversación se señala, principalmente, a los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que solicita cuatro meses más de plazo, el cual finalizó el 29 de noviembre.
Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, sostuvo que todavía no han obtenido respuestas “en el tiempo hábil y oportuno” de algunos organismos, en sus diligencias que son vitales para concluir la acusación a los involucrados en el caso de corrupción.
Los sindicados fueron detenidos en marzo en varios allanamientos y el 4 de abril la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción, Kenya Romero, leyó la resolución de las medidas de coerción a todos los encartados.
En ese momento, Romero otorgó un plazo de ocho meses al órgano de persecución para someter la acusación.
Recientemente se les levantó la prisión preventiva a Peralta y a Donald Guerrero.
Gonzalo Castillo y casi todos los demás cumplen arresto domiciliario. Castillo busca el próximo jueves que le sea variada por una medida más benigna.
La jueza Ana Lee Florimón decidió también notificar por secretaría su fallo sobre la solicitud de José Ramón Peralta, de que se ordene al Ministerio Público que le entregue la carpeta fiscal con las investigaciones en su contra que se ha hecho para, según este imputado, poder defenderse de los señalamientos que se le hacen.
A los exministros José Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo se les señala, junto a otros 17 imputados, de supuestamente estafar al Estado con más de 19,000 millones de pesos a través de pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y por alegadamente sobornar a empresarios de la construcción para que financiaran la campaña del 2020.
El fraude contra el Estado también involucra al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa.
Asimismo, se cita en el expediente al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías.
La mayoría cumple arresto domiciliario, a excepción de Donald Guerrero y José Ramón Peralta, el excontralor Daniel Omar Caamaño y el empresario Rafael Parmenio Rodríguez, quienes solo tienen impedimento de salida del país y garantías económicas de menos de cinco millones de pesos a través de una aseguradora.
