El Ministerio de Medio Ambiente manifestó que en el caso de los presuntos fraudes millonarios contra el Estado dominicano, que involucran a supuestos propietarios del 70 % de los terrenos del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, se realizaron acciones que buscaban “una mayor afectación al patrimonio público” a través de “indemnizaciones” que sobrepasan los 4,000 millones de pesos.
El dato está contenido en una comunicación enviada por el Ministerio después de que la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denunciara que al menos siete demandas en justiprecio sobre terrenos carentes de derecho de propiedad depurado han sido interpuestas en los tribunales contra el Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente.
Medio Ambiente explicó que además de las dos sentencias emitidas por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que favorecen a los reclamantes con el pago de más de 1,000 millones de pesos, en julio de 2023 los demandantes “recurrieron en revisión, a los fines de que se les aumente el monto de conformidad a RD$4,238,713,906”.
“El equipo jurídico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realiza las diligencias procesales de lugar para evitar que se afecte al patrimonio de toda la ciudadanía en el caso”, detalla la declaración.
En ese sentido, las autoridades explicaron que tras recibir la notificación de la sentencia número 0030-02-2023-SSEN-00343 de finales de junio de 2023, y que acoge el pago de 676 millones de pesos, “el Ministerio de Medio Ambiente recurrió en casación y presentó una demanda en suspensión de ejecución para evitar que se lesione el patrimonio de todos los dominicanos”.
“En cuanto a la sentencia núm. 0030-04-2023-SSEN-00088, mediante la cual el TSA acogió el justiprecio por el monto de RD$590 millones, en fecha 16/03/2023, el Ministerio interpuso recurso de casación, el cual se encuentra pendiente de fallo y presentó demanda en suspensión de ejecución”, señala la entidad.
Ana Patricia Ossers, directora Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, sostuvo: “Nosotros confiamos en que todo el sistema de justicia entenderá la importancia de resguardar el patrimonio público, que es un patrimonio de todos”.
La funcionaria dijo que la institución valora el respaldo de la Coalición y confía en el accionar del Ministerio Público.
“(El Ministerio) espera que el Poder Judicial pueda revertir todas las acciones que atentan contra un parque nacional que, además de un bien patrimonial, representa una zona de biodiversidad y de protección a las fuentes de agua de las presentes y futuras generaciones”, agregó.
El movimiento ambiental, a través de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, informó el miércoles su decisión de recurrir en tercería para evitar un posible fraude al Estado y pidió una profunda investigación ante este caso.
Durante la rueda de prensa de la Coalición, el abogado Nelson Pimentel manifestó que el caso cuestiona seriamente la seguridad jurídica registral de República Dominicana. “¿Qué va a pensar un inversionista en cualquier parte del mundo con una información como esta?, de que se puede apropiar y expropiar 700 kilómetros de un área protegida de imposible registración y que se vulnere el sistema registral de República Dominicana, incluyendo la especialización registral que involucra un área protegida”, sostuvo Pimentel. “Aquí hay un cuestionamiento más serio y un dato más serio para el sistema de justicia y el país”, señaló.
