Las autoridades dominicanas reconocieron durante una audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que aún existen desafíos en el sistema penitenciario, sobre todo en lo que respecta al hacinamiento en algunas cárceles del país.
Así lo indicó la representante permanente de República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Mayerlyn Cordero Díaz, quien participó junto a representantes del Ministerio Público y el Ministerio de Relaciones Exteriores en la audiencia, en la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe para llamar la atención sobre la condición de “deterioro” en que se encuentran los privados de libertad en el país.
“Estamos tomando medidas concretas para abordar la problemática, incluyendo la implementación de programas de educación, salud, trabajo y recreación destinados a promover la reinserción social”, sostuvo la diplomática.
Cordero indicó que el Estado dominicano “es un firme defensor de los derechos humanos y ha dado muestras del compromiso, no solo con los derechos humanos, sino con la democracia”.
En ese sentido, recordó las reformas legislativas implementadas en el país, como la Ley 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional, una normativa “orientada al respecto y la garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”.
El encargado de asuntos civiles y políticos de la Comisión de los Derechos Humanos dominicana, Juan Miguel Rondón, dijo que en las cárceles se presentan “constantes violaciones de los derechos humanos” y son recurrentes las denuncias de corrupción, tortura, hacinamiento, medidas cautelares que se convierten en penas anticipadas y falta de acceso a la sanidad y la educación.
Las actuales autoridades dominicanas “no han construido ni una celda para paliar el déficit” de plazas para albergar a la población reclusa, indicó Rondón, quien reveló que 405 internos deberían haber sido puestos en libertad, pero siguen presos por trámites burocráticos, mientras que el 40 % de las personas privadas de libertad lo está por delitos menores.
En respuesta, la diplomática hizo referencia a nuevos centros penitenciarios creados en el país “con los estándares internacionales recomendados por Naciones Unidas”, al tiempo que citó el desarrollo de proyectos de remodelación, ampliación y construcción de infraestructuras.
Salud
En cuanto a las condiciones de salud de los presos, Fernando Antonio Abreu, representante de la Comisión dominicana, explicó que el 34 % de la población reclusa está enferma y el 20 % padece algún trastorno mental, sin que haya atención psiquiátrica básica, y “las condiciones de insalubridad son incompatibles con las normas del sistema penitenciario”.
Según las cifras aportadas, 450 reos padecen tuberculosis y alrededor de 200 viven con VIH sin recibir medicación retroviral, no existe programa de medicamentos gratuitos, mientras las prácticas sexuales sin preservativo son comunes.
De su lado, Cordero expuso: “en el ámbito de la salud hemos fortalecido la atención médica dentro de los centros penitenciarios, garantizando el acceso a servicios médicos, especializados y medicamentos para aquellos que los necesitan”.
La diplomática hizo mención de programas de educación y capacitación laboral desarrollados con el fin de brindar oportunidades de desarrollo personal y profesional a las personas privadas de libertad.
La representante dominicana ante la OEA hizo énfasis, además, de las medidas implementadas para agilizar los procesos judiciales y garantizar el debido proceso para todas las personas, incluyendo aquellas en situación de detención preventiva, condición que presenta cerca del 80% de la población recluida, de acuerdo a lo informado por los representantes de la sociedad civil.
Tras las exposiciones, los representantes de la CIDH expresaron su disposición de colaborar con el país para fomentar avances en el sistema penitenciario.
