La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia La Vega impuso un año de prisión preventiva a un supervisor y a un privado de libertad del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega, imputados por la muerte de un interno de esecentro penitenciario. El caso que fue declarado complejo.
El Ministerio Público informó que la jueza Génesis Mercedes Tavárez Ortiz le impuso la prisión preventiva al supervisor Delvis Johnson Minalla Rodríguez y/o Delvis Jhonson Minalla Rodríguez y al interno José Francisco Hiciano Moya, principales sospechosos, junto al prófugo Ambiorix Pimentel García (la J), de provocarle la muerte por envenenamiento al privado de libertad Alejandro Vidal dentro del referido centro penitenciario. La “J” fue identificado en 2023 como la persona que amenazó a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y uno de los beneficiados con la eliminación de “fichas” que presuntamente realizaba una red desarticulada mediante la operación Gavilán.
Hiciano Moya cumplirá la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, del municipio Moca, en la provincia Espaillat, mientras que Minalla Rodríguez la cumplirá en el CCR Rafey Hombres, en la provincia Santiago.
Según se ha establecido en el transcurso de las investigaciones el hecho ocurrió por una lucha por el control de territorio y cárceles para el microtráfico.
La solicitud de medida de coerción establece que el hecho ocurrió el pasado 15 de enero, aproximadamente a las 7:30 de la mañana.
Detalla que el imputado e interno Hiciano Moya, condenado a 30 años de prisión por asesinato, como parte de una estructura criminal, suministró intencionalmente un jugo verde mezclado con una sustancia tóxica a Alejandro Vidal (condenado a 10 años de prisión por narcotráfico), ocasionándole la muerte por envenenamiento, mientras se encontraba en una celda de máxima seguridad del penal.
Indica que en el momento en que Hiciano Moya le entregó el jugo verde con la sustancia tóxica al interno fallecido, Minalla Rodríguez se encontraba de turno como supervisor penitenciario del CCR, facilitando al primero la entrada al área de máxima seguridad para que este entregara el alimento contaminado, a pesar de la prohibición expresa de la entrega de alimentos, sin la debida documentación fotográfica del proceso alimenticio, como parte de las medidas especiales de cuidado de Vidal, debido a amenazas previas de muerte.
Por este motivo la víctima había sido trasladado de varios centros penitenciarios con la finalidad de preservar su vida, tras establecerse que estas amenazas y complot para terminar con su vida fueron realizadas por Joel Ambiorix Pimentel García, alias la “J”, prófugo de la justicia.
La medida de coerción fue impuesta en contra de los imputados por violar las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266, 295, 296 y 301 del Código Penal Dominicano en perjuicio de Alejandro Vidal y el Estado dominicano.
El Ministerio Público dijo que durante la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción fueron presentadas una gran cantidad de evidencias que comprometen la responsabilidad penal de los imputados.
La prisión preventiva le fue impuesta a los procesados tras varias audiencias, luego de que el Ministerio Público solicitara el pasado 1 de marzo la imposición de la medida de coerción tras ejecutarse su arresto con orden judicial.
Fue el 7 de junio de 2023 cuando la Procuradora General de la República, Miriam Germán, reveló la amenaza de la que fue objeto.
“Lo que a mí me afectó fue que alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp, diciéndome que, si le tocaban a su gente, no sé quiénes son sus gentes en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía, el que escribía, lo dijo, así mismo: ‘Yo le puedo mandar a matar a su hijo’, dijo la funcionaria al recibir en la sede de la Procuraduría al recibir a un grupo de personas simpatizantes de la Marcha Verde que fueron a ofrecerle su apoyo.
Luego se conoció que quien hizo la amenaza fue alias “la Jota”, un supuesto narcotraficante, que está prófugo de la justicia y que reside en España.
