El periodista español Miguel Ángel Ordóñez y el abogado español Alfredo Aristondo Maruri enviaron sendas cartas a Diario Libre, a propósito del caso judicial contra Ordóñez en República Dominicana.
Se recuerda que los empresarios Jesús Barderas y Abraham Hazoury, se querellaron contra el periodista tras una publicación en España del libro de su autoría Negocios de Bajos Vuelos.
A continuación reproducimos las cartas íntegras.
Carta íntegra del abogado Alfredo Aristondo Maruri
Don Aníbal de Castro, Director
República Dominicana.
21 de marzo del 2024
Muy señores míos:
Me dirijo a este prestigioso periódico en mi condición de abogado español de los señores Don Jesús Barderas Martín y Don Abraham Hazoury, en cuyo nombre he presentado sendas demandas que han sido individualmente admitidas a trámite por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Málaga, (España).
Desde un primer momento, mis clientes no tienen intención de realizar ningún tipo de declaración, ya que consideran que deben ser los Tribunales los que intervengan para resolver las cuestiones jurídicas. Tanto Don Jesús Barderas como Don Abraham Hazoury van a mantenerse al margen de cualquier polémica extrajudicial, aunque es mi deber como representante de sus intereses poner de manifiesto su absoluto rechazo a usar los medios de comunicación como un fuero alternativo.
Sin embargo, Miguel Ángel Ordóñez no debe pensar lo mismo, porque me informan mis clientes de que, una vez más, ese periodista ha recurrido a los medios de comunicación, entre ellos al que tengo el honor de dirigirme, manifestando que está sufriendo una persecución, donde denuncia que Don Jesús Barderas y Don Abraham Hazoury lo persiguen por la publicación de un libro. En distintos medios de comunicación Dominicanos el citado demandado, Miguel Ángel Ordóñez, denuncia una “campaña de amedrentamiento” por parte de Hazoury y Barderas.
He tenido detallado conocimiento de su situación judicial en República Dominicana. En fecha 28 de marzo del 2022, los señores Jesús Barderas Martín y Abraham Hazoury interpusieron contra de Miguel Ángel Ordóñez una Acusación Penal Por Difamación e Injuria, a través de su abogado dominicano, el Licenciado Don Luis Miguel Pereyra, resultando apoderada de la misma la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Después de seis audiencias, la última el pasado 20 de febrero de este año, sin que compareciese Miguel Ángel Ordóñez, el Tribunal aplicó el remedio procesal previsto por el artículo 100 del C/Mar Egeo nº 16, 2º B 28221 Majadahonda Teléfonos 607.40.02.61 E-MAIL.; alfaristondo@hotmail.es Código Procesal Penal Dominicano para los imputados rebeldes, declarándole en rebeldía, consecuencia de lo cual ordenó su arresto inmediato y el impedimento de salida del territorio dominicano, en el caso de que regrese, como medida para garantizar la celebración del juicio.
Sorprende que se lamente Ordóñez de haber sido declarado en rebeldía, “a pesar de no haber sido citado correctamente en su domicilio en España”, porque debería estar acostumbrado, ya que el Juzgado de Málaga también le citó en su domicilio cuando presenté la demanda en nombre de mi cliente señor Barderas, y Ordóñez tampoco se personó en ese procedimiento, para más tarde argüir que no había sido citado correctamente. El Juzgado español desestimó su reclamación y el procedimiento continúa sin que Ordóñez haya contestado la demanda.
Resulta chocante por lo expuesto que Miguel Ángel Ordóñez se queje de ser víctima de la acción de la Justicia, por cuanto si hubiese atendido las reiteradas citaciones, no cabría considerarse víctima de una persecución. No acude a los llamados de los jueces y tribunales, pero es muy proclive a comparecer ante los medios de comunicación. Sin embargo, es en el ámbito judicial donde deben resolverse este tipo de asuntos conflictivos. De no ser así, resulta difícil imaginar dónde y cómo pretende solucionar los problemas. La presentación de una demanda nunca puede ser considerada como acto de amedrentamiento, sino el sometimiento a los jueces, que son los que deben pronunciarse. Es la consecuencia del libre ejercicio y correcto uso de las armas legales que un ciudadano tiene en un Estado de Derecho. Cualquier otra vía es absolutamente rechazable.
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Si Miguel Ángel Ordóñez considera que tiene la razón en este conflicto lo que tiene y debe hacer es presentarse ante los tribunales y enfrentar el juicio, escenario en el cual se demostrará que sus pronunciamientos son mendaces y que sus pronunciamientos, difamatorios e injuriosos y comprometen su responsabilidad civil y penal. La súbita aparición de este periodista en algunos medios de comunicación dominicanos después de ser ordenado su arresto reafirma su conocimiento de que tiene cuentas pendientes con la Justicia Dominicana.
En todo caso, el ruido mediático al que recurre Miguel Ángel Ordóñez no va a alterar la firme decisión de mis clientes, los señores Barderas y Hazoury, de continuar los procedimientos iniciados en defensa de su honor sin entrar en el juego de hacer manifestaciones ni declaraciones mediáticas.
Don Alfredo Aristondo Maruri, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Carta íntegra del periodista Miguel Ángel Ordóñez
Sr. D. Aníbal de Castro
Diario Libre
Santo Domingo, D.N.
Bruselas, 22 de marzo
de 2024
Estimado Sr. De Castro,
He tenido conocimiento de una sorprendente carta a su diario del abogado Alfredo Aristondo, representante legal en España de Jesús Barderas y Abraham Hazoury. Es evidente que trata de desviar la atención de los hechos por mí denunciados: en la querella interpuesta en la República Dominicana por sus representados contra mí, un juez interino contradijo las órdenes de la juez titular de que se me citase vía consular, hizo caso omiso a las certificaciones del Consulado de Sevilla de que no se me entregó ninguna citación para audiencia, de igual forma que ninguneó el hecho de que siempre he estado en contacto con dicho Consulado para aclarar la situación y facilitar el proceso. Además, dicho juez interino ha sido capaz de negar a mi abogado la existencia de esas certificaciones del Consulado y afirmar, mintiendo a sabiendas, que sí se me notificó por “funcionarios” de dicho Consulado, en contra de lo que afirman los documentos que obran en la causa. Otro hecho indubitado es que, contraviniendo las instrucciones de la jueza, la acusación privada fabricó una notificación en “domicilio desconocido”, sin esperar a agotar la vía de la citación consular. Es completamente falso que se me haya intentado citar a través del Consulado en seis ocasiones. Ni siquiera me consta que se haya citado en seis ocasiones al abogado que designé una vez que pusieron en mi conocimiento dicha querella, gracias a los oficios de un amigo común.
Obvia igualmente el Sr. Aristondo que, según el derecho dominicano, en materia de acción privada como una querella por difamación e injuria, la rebeldía es improcedente, más aún si no ha sido citado el querellado. Igualmente, sus colegas dominicanos debieran haberle hecho saber que la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, prohíbe la prisión preventiva en materia de prensa.
Resulta curioso que esta disposición judicial se adoptase justo cuando había manifestado a distintos conocidos que me disponía a viajar por unos días a Santo Domingo y el Este a los fines de recabar informaciones para un nuevo reportaje y, probablemente, libro, así como que haría coincidir esa visita con la convocatoria de la primera audiencia a que me convocaran, en la que, además de querer hacer valer personalmente mis alegatos, estoy representado oportunamente por abogado.
Confirma el Sr. Aristondo en su escrito la pretensión de que se me juzgue en dos jurisdicciones diferentes, República Dominicana y España, por los mismos hechos, algo que chirría con cualquier justicia básica y que solo busca mi ruina en pagos por traslados y abogados, aun cuando oportunamente se vaya a demostrar que es veraz toda la información que contienen Negocios de bajos vuelos y Cap Cana: los osados aprendices de Donald Trump. También rechina que el propio abogado Aristondo afirme en las dos demandas presentadas en Málaga (España) lo que me permito transcribir textualmente:
Esto por sí solo demuestra la estrategia de amedrentamiento ejemplarizante, por osar poner en duda la limpieza de los negocios de la concesión de los aeropuertos dominicanos a AERODOM, el del Aeropuerto Internacional de Bávaro, y la forma en que los responsables de un agujero financiero en Cap Cana de US$750 millones se enriqueciesen haciendo que otros pagaran la deuda.
Querer jugar con ventaja en los tribunales no se limita a esta extravagante decisión de un juez interino. La primera demanda presentada en España, en nombre de Jesús Barderas, no se me pudo notificar en mi domicilio por la sencilla razón de que se utilizó una dirección postal errónea, a sabiendas del Sr. Aristondo, que dispuso de la correcta en todo momento, pero prefirió no ponerla en conocimiento del tribunal. Tanto mi abogado en España como yo estamos personados en la causa, pese a que él prefiriese lo contrario. Se nos ha impedido presentar alegaciones por escrito, pero la legislación prevé que pueda rebatir la demanda con otros medios de prueba cuando se señalen vistas. Igualmente, se me reserva la posibilidad de recurrir esta incidencia una vez que haya sentencia. Hubo otro intento de enviar la segunda demanda a una dirección errónea, la presentada en nombre de Abraham Hazoury. Alertados en esta ocasión por el codemandado (la editorial), nos adelantamos, por si acaso, presentándonos en el tribunal sin esperar citación postal. Hemos presentado el correspondiente escrito de alegaciones y estamos a la espera de la primera audiencia. Siempre he obedecido los llamados de jueces y tribunales.
Tengo clarísimo que tengo la razón y haré valer mi derecho de defensa, que pasa por contar con un tribunal imparcial, tanto como el derecho de informar, por más que moleste a los Sres. Aristondo, Barderas y Hazoury. Por cierto, creo que en la República Dominicana es bastante ruidoso el alegato de que sus clientes callan sobre el contenido de mis libros a la espera de los tribunales, pues es la continuación del vergonzoso silencio de sus defendidos ante las innegables, contundentes y recientes informaciones en periódicos nacionales sobre los derroteros judiciales del polémico Aeropuerto Internacional de Bávaro, las informaciones de la recurrente presencia de lavadores de activos que hacen que Jaime Bayly mantenga que “Cap Cana es la Disneylandia de los ladrones chavistas”, así como ante la confirmación por boca del Presidente de la República del fiasco del primer contrato otorgado a AERODOM, aspectos que, precisamente, abordan mis libros demandados.
Atentamente,
Miguel Ángel Ordóñez
