Quince días después del incendio originado en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, que dejó un saldo de al menos 13 personas fallecidas y varios lesionados, la normalidad continúa retornando al penal.
Ayer familiares de reclusos llevaron alimentos, ropas y otros artículos que requieren sus allegados y, contrario a días anteriores, no estaban frente a la prisión los parientes de los reclusos que todavía no aparecen o no han sido identificados.
Se observó pocos visitantes y los que había eran llamados por los policías para entregar los encargos, mientras miembros del Ejército de la República Dominicana permanecían custodiando.
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Dentro del penal, el movimiento de los reclusos, de la seguridad y de civiles se observaba con normalidad.
Roberto Martínez fue a llevarle algo en una funda a un pariente y dijo que no había tenido ninguna dificultad para hacerlo llegar a la persona. Otros hacían filas para entrar al penal a ver reos o llevar encargos.
Doris Vizcaíno fue por primera vez ayer, luego de la tragedia causada por el incendio y dijo que tampoco tuvo dificultades para que le lleven las fundas, con diversos artículos y alimentos, a un hijo suyo y, al momento de ser entrevistada, fue llamada para hacer los trámites de lugar.
No fue el caso de Ángela Berroa, que el domingo llevó alimentos a un hijo de su esposo y no le permitieron pasarlos, lo que consideró un abuso.
Dijo que mientras estaba en la fila el pasado domingo, escuchó a varias personas quejarse porque se les pedía entre RD$500 y RD$800 para llevar los encargos a los reclusos.
Derechos humanos
Entre los visitantes de ayer estuvo Virgilio Almánzar, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, el cual dijo que acudió al penal para participar en un curso dirigido a los reos sobre los derechos humanos.
Al preguntarle sobre la situación de La Victoria dijo que tiene la esperanza de que el coronel que está a cargo de la prisión haga los cambios necesarios porque es un profesional académico con una alta sensibilidad humana.
Manifestó que la tragedia del pasado 18 de marzo desnudó una realidad que se sabía.
Consideró que llevar algunos de los presos a otras prisiones, lo que hace es agravar esos lugares.
“La situación principal para mí es la administración de justicia, el 67 % de los reclusos no tiene condena definitiva y eso significa una gran violación de los derechos humanos, eso es más grave que cualquier problema, como que los presos duerman en el piso, ellos lo prefieren, pero que le hagan justicia”, indicó.
El dirigente de los derechos humanos dijo que en las actuales condiciones del penal es difícil cambiar la conducta y lograr que salgan a las calles personas productivas, por lo que instó a terminar lo antes posible la cárcel Las Parras, en el municipio de Guerra.
