La República Dominicana regresó ayer al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar el tema sobre Haití, pidiendo más sanciones para los facilitadores de la violencia y un mayor rigor para el embargo de armas, así como reiterar que el país no puede ir más allá de las posibilidades materiales para apoyar a la vecina nación.
El país “ha mantenido la solidaridad con Haití a pesar del sacrificio que esto implica, no podemos ir más allá de nuestras posibilidades materiales y, menos aún, adoptar medidas que atenten contra la estabilidad y seguridad de nuestro país, simplemente no lo permitiremos, pídalo, quien lo pida”, dijo el canciller Roberto Álvarez ante los miembros del Consejo.
Álvarez señaló las evacuaciones realizadas a través del territorio dominicano por parte de la ONU, otras organizaciones y más de una docena de países, como parte de la colaboración de RD en el “contexto de caos y de inseguridad” que vive Haití.
Sanciones y armas
En la reunión informativa, Álvarez calificó de “inconcebible” que el Consejo de Seguridad de la ONU solo haya sancionado a cuatro pandilleros haitianos, “sin identificar y sancionar a los verdaderos financiadores de la violencia”.
Álvarez advirtió que de no cumplirse el régimen de sanciones, publicado en octubre de 2022, ni aplicar consecuencias por la violencia en Haití, “los actores detrás del financiamiento de las bandas criminales pueden descarrilar el delicado proceso político al que Haití esta abocado” tras la formación del Consejo Presidencial de Transición.
Sobre dicho consejo, el canciller dominicano dijo que el país acoge con satisfacción su creación y agregó que el mismo “invita a pensar que la situación (en Haití) comienza a evolucionar favorablemente tras semanas de incertidumbre”.
El ministro expresó el interés de que los miembros del consejo logren, “a la mayor brevedad”, la designación de un primer ministro interino y un gabinete de gobierno.
Al señalar que República Dominicana no es ni fabricante ni importador de armamento, el canciller dominicano instó a aplicar con mayor rigor el embargo de armas y municiones que “ahogan” a Haití.
“Exhortamos enérgicamente a los países exportadores a tomar medidas efectivas a fin de detener este tráfico ilegal hacia Haití”, agregó.
Seguirán deportaciones
Tras participar en la sesión del Consejo de Seguridad, Álvarez dijo a EFE que el país no va a cesar las deportaciones de haitianos y que no tiene ninguna intención de abrir campamentos de refugiados. El canciller agregó que la República Dominicana “no puede con la cantidad de haitianos que ingresan diariamente en el país. Sencillamente es inaceptable”.
Álvarez dijo que el país ejerce de “imán” para los haitianos, siendo como es “la séptima economía de América” y Haití el país más pobre, y recordó además que hay una gran cantidad de haitianos que residen legalmente en el país “y no son molestados”, pero la República Dominicana no puede aceptar ese continuo ingreso sin control.
Sobre la posibilidad de abrir un campos de refugiados, la descartó tajantemente: “Eso es imposible”, dijo, tras recordar que la vida media de un campo de refugiados en el mundo es de 10 a 15 años.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó ayer lunes su informe anual sobre las prácticas de Derechos Humanos alrededor del mundo, donde denunciaron que la expulsión masiva de nacionales haitianos y apátridas de ascendencia haitiana, independientemente de sus peticiones de estatus legal desde República Dominicana. La nación americana sostiene que la decisión del gobierno dominicano de proceder a cerrar la frontera dominico-haitiana en septiembre, la suspensión de la emisión, renovación de permisos de residencia, visados y certificados para solicitar asilo de los migrantes haitianos y personas de descendencia haitiana, incluidos los indocumentados, puso en mayor riesgo a poblaciones que de por sí ya eran vulnerables
