La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusó a 34 personas y 13 empresas en la acusación formal contra Operación Calamar, el entramado que presuntamente estafó al estado dominicano con 19,000 millones de pesos.
En el documento depositado la tarde de este jueves figuran como imputados 12 nuevos personas físicas, entre ellas Rafael Calderón Martínez, exsenador de Azua por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante el periodo 2016-2020.
Asimismo, incluye otros nombres como Omar Manuel Miqui, Rosa Arias, Marino Enrique Cabrera, Cesar Miguel Santana, Mabel Mejía Cintrón, Hathaly Hernández, Natividad Martínez, Kimberly Zayas, Manuel Morilla Soto, Manuel Morilla Gil, y Daniel Guerrero.
También a Princesa Alexandra Ortiz, quien, a pesar de ser mencionada en el expediente preliminar del presente caso, no le fue solicitada medida cautelar en la primera fase del proceso.
Además de estos nombres, la acusación contempla a los imputados anteriores, como los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta. También a Daniel De Jesús Caamaño, Marcial Reyes, Ramon David Hernández, Yahaira Brito, Luis Miguel Piccirilo, Claudio Silver, Ángel Lockward, Aldo Gerbasí, Alejandro Constanzo, Ana Linda Fernández de Paola, Emir Fernández de Paula, Julian Omar Fernández, Oscar Arturo Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez y Agustín Mejía Avila.
El mencionado documento fue depositado en la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, horas previas de que se venciera el plazo de 15 días otorgado por el segundo Juzgado de la Instrucción.
El tribunal le había dado este plazo luego de rechazar la prórroga solicitada en noviembre del 2023 por el Ministerio Público para presentar acusación.
De acuerdo con lo establecido por Wilson Camacho, titular del Pepca, el expediente consta de 3,362 páginas, con 34 personas físicas y 13 jurídicas, además de 2,000 medios de prueba.
Caso Calamar
Los acusados se les atribuye haber estafado estafar al Estado con más de 19,000 millones de pesos a través de pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y por sobornar a empresarios de la construcción para que financiaran la campaña del 2020.
