El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes cargos contra 16 dominicanos involucrados en una red para estafar a cientos de estadounidenses de edad avanzada, la cual operaba desde la República Dominicana.
Del grupo, 11 hombres trabajaban en centros de llamada en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Los acusados enfrentan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
El Departamento de Justicia asegura que la red de estafa de abuelos robó millones de dólares a sus víctimas residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Los acusados que operaban desde República Dominicana fueron identificados como: Juan Rafael Parra Arias, también conocido como Yofre, de 41 años; Nefy Vladimir Parra Arias, también conocido como Keko, de 39 años; Nelson Rafael González Acevedo, también conocido como Nelson Tech, de 35 años; Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, también conocido como Max Morgan, de 59 años; Miguel Ángel Fortuna Solano, también conocido como Botija, y Boti, de 41 años; Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como Fili, y Filly The Kid, de 37 años; Carlos Javier Estévez, de 45 años; Louis Junior Rodríguez Serrano, también conocido como Junior, de 27 años; Miguel Ángel Vásquez, también conocido como Miguel Disla, de 24 años; Jovanni Antonio Rosario García, también conocido como Porky, y Chop, de 45 años; y José Ismael Dilone Rodríguez, 34 años.
Otras cinco personas fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema: Endy José Torres Morán, de 21 años, de Brooklyn, Nueva York; Iván Alexander Inoa Suero, de 32 años, de la ciudad de Nueva York; Jhonny Cepeda, de 27 años, de la ciudad de Nueva York; Ramón Hurtado, de 43 años, de la ciudad de Nueva York, y Yuleisy Roque, de 21 años, del Bronx, Nueva York.
¿Cómo operaban?
Los documentos presentados ante la corte de Nueva Jersey, los acusados Juan Rafael Parra Arias, Nefy Vladimir Parra Arrias y Nelson Rafael González Acevedo operaban una sofisticada red de centros de llamadas en la República Dominicana.
Cada miembro de la conspiración cumplía con una función y abordaban a la víctima en diferentes etapas de la estafa, según la acusación que señala que el primer contacto le correspondía a los “abridores” quienes eran los encargados de llamar a las víctimas en los Estados Unidos y se hacían pasar por los hijos, nietos u otros parientes cercanos de las víctimas.
De acuerdo con los documentos judiciales, los centros de llamadas utilizaron tecnología para que pareciera que las llamadas provenían desde el interior de los Estados Unidos.
Por lo general, a la víctima se le dijo que su nieto había tenido un accidente automovilístico, que había sido arrestado en relación con un accidente y que necesitaba ayuda.
Luego, los trabajadores de los centros de llamadas conocidos como “cerradores“, supuestamente se hacían pasar por abogados defensores, oficiales de policía o personal de la corte para convencer a las víctimas de que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos, agrega una nota de prensa publicada por el Departamento de Justicia.
De acuerdo con la acusación, los cerradores, en este grupo se encontraban los acusados Rodríguez Guzmán, Fortuna Solano, Reynoso Ventura y Estévez, generalmente les decían a las víctimas que entregaran el dinero en efectivo a mensajeros que enviaban a sus casas para recoger su dinero. Otras veces, los instruían para que enviaran el dinero por correo.
Una vez las víctimas eran convencidas de dar el dinero en efectivo, los “despachadores” del centro de llamadas, incluidos Rodríguez Serrano, Vásquez, Rosario García y Dilone Rodríguez, reclutaron y administraron una red de mensajeros con sede en los Estados Unidos para obtener dinero en efectivo de las víctimas ancianas en todo el noreste de los Estados Unidos.
Esos mensajeros con sede en Estados Unidos, incluidos los cinco acusados por la denuncia, generalmente iban a la casa de las víctimas ancianas para recoger el dinero en efectivo, a menudo usando nombres falsos y proporcionando a las víctimas recibos falsos.
Luego, los mensajeros llevaban el dinero en efectivo a otros miembros de la conspiración, quienes eran los responsables de enviar el dinero de las víctimas a la República Dominicana.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de 250,000 dólares por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de 500,000 dólares por cada cargo de lavado de dinero.
