República Dominicana es un país de contrastes y, al tiempo que vive momentos de bonanza económica, afronta problemas de corrupción y transparencia, junto a marcadas desigualdades en desarrollo humano, educación o sanidad de calidad para todos, unas brechas ampliamente abordadas en la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales del domingo.
A partir del Presupuesto General del Estado de 2013, República Dominicana destina el 4 % de su producto interior bruto (PIB) a la educación pública preuniversitaria, lo que conlleva que el ministerio de ese ramo maneje recursos elevadísimos, como los 297,041 millones de pesos para este año (algo más de 5,000 millones de dólares).
El Gobierno de Danilo Medina (2012-2020) fue el primero en manejar ese 4 % del PIB y ordenó la construcción de miles de aulas en todo el país, un ambicioso proyecto que buscaba invertir el presupuesto de educación en lo que consideró prioritario.
Medina levantó escuelas durante sus ocho años en el poder, pero el nivel educativo de los estudiantes dominicanos permaneció rezagado mientras que el sindicato de maestros lograba aumentos salariales como el que está exigiendo, precisamente, en estos momentos.
Sin embargo, el ministerio con el mayor presupuesto anual no ha logrado avances significativos en la calidad de la enseñanza, lo que ha causado que muchas voces, incluyendo la del Gobierno, planteen que se debe alcanzar un acuerdo nacional para determinar la mejor manera de invertir esos recursos.
Aunque queda bastante por hacer, en diciembre pasado las autoridades resaltaron que República Dominicana mejoró 16 puntos en el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) de 2022, la primera vez que esto ocurría desde 2015, cuando el país ingresó a ese sistema de medición mundial de las aptitudes de los estudiantes de primaria en matemáticas, ciencias y lectura.
En las anteriores oportunidades, República Dominicana estuvo en los últimos lugares en esas pruebas, a pesar de la millonada destinada a la educación pública.
El crecimiento no llega a la mayoría
El sostenido crecimiento de la economía dominicana no se ha traducido en una mejor calidad de vida para la mayoría de los habitantes.
En marzo pasado, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informó de que persisten las desigualdades estructurales que limitan una mejora significativa en la calidad de vida para toda la ciudadanía.
La Plataforma Territorial de Desarrollo Humano República Dominicana establece que este país, en un período de siete años, ha perdido alrededor de un 22 % de su potencial de desarrollo humano debido a las brechas de desigualdad territoriales en el acceso a servicios sociales básicos en salud, educación y generación de ingresos.
La agencia precisa que, por cada 1,000 nacidos vivos, alrededor de 17 niños fallecen antes de alcanzar su primer año, cifra que supera con creces la media de la región.
República Dominicana exhibe la tercera tasa de mortalidad infantil más alta en América Latina y el Caribe, solo superada por Haití y Dominica.
La corrupción
De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) emitido este año por Transparencia Internacional, el país sigue mostrando algunos avances a partir del desarrollo del gran movimiento de lucha contra ese flagelo que se produjo entre 2017 y 2019.
En un informe divulgado por esa organización se destaca que pocos países han avanzado en el IPC y con mejoras significativas solo se registran siete naciones en el mundo, entre ellas República Dominicana.
Sin embargo, el mismo texto habla de la demora en los procesos judiciales, advirtiendo de casos que han caído en la impunidad por esto.
Afirma que estos elementos siguen siendo objeto de preocupación y un posible escollo para el avance en la lucha contra la corrupción y la criminalidad.
Los tribunales dominicanos siguen varios expedientes de presunta corrupción cometida en el Gobierno anterior.
Por otra parte, una de las acusaciones más sonoras fue la del escándalo de la brasileña Odebrecht, que afirmó haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país entre 2001 y 2014 para la construcción de 17 infraestructuras.
La investigación dominicana no se hizo, al parecer, de manera rigurosa y, de 14 acusados originalmente, dos fueron condenados y están en libertad condicional tras llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia, que tendrá las últimas palabras.
