Los miembros de la Asociación Dominicana de Intérpretes judiciales y Traductores han decidido desde hace varias semanas no acudir a las convocatorias a las audiencias en donde se requiere sus servicios profesionales, lo que ha obligado aplazar hasta en tres ocasiones consecutivas las vistas de algunos procesos.
Luis Pérez Guzmán, representante del gremio, explicó que actualmente ganan RD$1,500 por día de trabajo, que por el tiempo que duran de hasta un año para retirarlo y las largas filas para cambiar los cheques, reducen significativamente lo devengado.
Sostuvo que aspiran a un aumento de RD$5,000, porque cuando se prorrogan las audiencias, como ocurre con frecuencias en el país, y sin que ellos las hayan causado con su inasistencia, solo se les paga el 50 por ciento de los 1,500.
La demora para el retiro de los recursos se produce con “el agravante de que no se le pague inmediatamente por caja chica, ni se prevé el pago anterior, sino que se le otorga una simple certificación que luego dura meses y, en mi caso, yo he durado más de un año para recibir el pago a través de un cheque”, sostuvo Pérez Guzmán.
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Dice que el pago se vuelve más “sal que el chivo”, porque además de ir a una oficina del Poder Judicial a retirar el cheque, luego deben hacer una fila en una sucursal del Banco de Reservas para poder retirar los recursos.
Los aplazamientos
En las últimas semanas no se han podido llevar procesos judiciales como de extradición y de tratas de personas, porque los profesionales políglotas han decidido no asistir como presión para que se tomen en cuenta sus demandas de mejoras salarial y otras condiciones.
Pérez Guzmán debía ir a la audiencia del estadounidense Gilbert Santiago Reyes, solicitado en extradición por Honduras por el presunto asesinato de tres mujeres y no asistió, razón por la que la vista se postergó para el próximo miércoles 29 de mayo. En el caso de trata de personas denominado Cattleya, el juicio de fondo se ha aplazado en las últimas tres veces también por falta de un intérprete.
La resolución dispone la remuneración por los servicios de 1,000 intérpretes que hay en el país, según Pérez Guzmán, data desde el 2015, por lo que exige que sea actualizada.
“Demandamos la eliminación del artículo que establece el pago de solo el 50 por ciento si el proceso es reenviado”, añadió el políglota como una de las exigencias.
Auxiliares de la justicia y con fe pública
El representante de la Asociación Dominicana de Intérpretes judiciales y Traductores, Luis Pérez Guzmán, dijo que son auxiliares de la justicia, con fe pública, como la tienen los alguaciles y los notarios públicos.
Explicó que primero eran nombrados por el Poder Ejecutivo desde de la década de los 70 hasta finales de los 90, años en que empiezan a depender del Poder Judicial.
Los nombramientos de los intérpretes judiciales se hacen a través de una evaluación escrita y oral que les hace la Escuela Nacional de la Judicatura, que convoca a concursos.
Al aprobar el concurso son juramentados y acreditados como intérpretes judiciales de los tribunales judiciales, aseveró.
Pide al Congreso Nacional aprobar ley
Pérez Guzmán demandó al Senado de la República aprobar el proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de Traductores e Intérpretes, el cual dijo que garantizaría un mejor servicio al ciudadano y al poder judicial.
Sostuvo que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que está en la comisión de justicia del Senado.
