El juicio de fondo que se le sigue a los imputados de cometer presuntos actos de corrupción en los casos Coral y Coral 5G, que involucra a policías y militares, avanzó este jueves en la lectura del expediente, unas 298 páginas de las más de tres mil que lo componen.
La jornada judicial se desarrolla en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y es tutelada por las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
Los alegados casos de corrupción tenían unos ocho meses estancados por causa de que los imputados se presentaban sin abogados, entre otros incidentes.
La lectura la lleva a cabo el Ministerio Público, como órgano acusador, y en el expediente se atribuye la distracción de fondos públicos desde el año 2012 al 2020, con compras de raciones de alimentos, combustibles y en el nombramiento de policías y militares en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), encabezados por Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
Según explica el Ministerio Público, la alegada estafa fue de más de 4,500 millones de pesos departe de los más de veinte involucrados.
Antes de darse inicio a la lectura de la acusación, que dio inicio al juicio, la presidenta del tribunal, Gisselle Méndez, acogió la petición del procurador adjunto Wilson Camacho, de separar del proceso a las Asociación Campesina Madre Tierra y el Ministerio Jesús Vino, Viene y Vuelve, y declaró en rebeldía a René Azolón Vicioso, persona jurídica representante de Distribuidora TAFL y Distribuidoras KF. Suspendió el juicio para esas dos compañías y ordenó continuarlo para los demás encartados.
El proceso para la Asociación Campesina Madre Tierra y el Ministerio Jesús Vino, Viene y Vuelve está en el limbo porque la Defensoría Pública ha dispuesto no defender instituciones, sino únicamente a personas físicas. Esas entidades, acusadas de blanquear el dinero que se sustrajo del Estado, alegan no poseer recursos para pagar abogados.
Según el abogado Waldo Paulino, las magistradas ordenaron al Ministerio Público solo leer la formulación directa de cargos y la calificación jurídica para evitar contratiempos.
La audiencia fue recesada para el próximo jueves 4 de julio a las 9:00 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Los acusados
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Yanibet Rivas Méndez, dictó, en julio del 2023, apertura a juicio a 28 imputados, la mayoría policías y militares y algunos están acompañados en el proceso judicial junto a sus familiares, como es el caso del coronel Rafael Núñez de Aza, y el general de la Fuerza Aérea dominicana, Julio Camilo de los Santos Viola, exsubjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
La acusación está encabezada por los exjefes del Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
Otros de los que forman parte de los imputados en el proceso penal son la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Asimismo, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.
El juicio de fondo también se conocerá contra varias empresas, estas son Randa Internacional Company, Rawel Importadores; RG y Soluciones Financieras; Único Real State e Inversiones; Aldom Glass Aluminium; Asociación Campesina Madre Tierra; CSNA Universo Empresarial; Distribuidor KF; Distribuidora TAFL; Hacienda Kelman e Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.
Asimismo, las compañías Ministerio Jesús Vino, Viene y Vuelve; MJTRESV Agroindustrial; MJTRESV Agroindustrial; y RyF Agroindustrial.
