Aunque el gobierno resalta logros con la digitalización de más de 300 servicios públicos, que asegura le han ahorrado a la población más de 60,000 millones de pesos, todavía persisten las largas filas y las trabas burocráticas que les quitan tiempo y recursos a los usuarios, como lo reconoce un informe oficial.
En la Dirección General de Pasaportes, que tiene un proyecto de 6,000 millones de pesos para hacer electrónico el documento, es donde se registran más quejas.
Está la de Juan Antonio Estrellas, quien, de manera digital, agendó una cita para tres meses después para renovar los pasaportes de sus hijos.
Cuando llegó el día de la cita, tuvo que hacer una larga fila en la Recepción antes de ingresar al área de solicitud. “Es demasiado tedioso, porque tú pierdes la mañana entera”, se quejó.
Si se hace la reserva de forma análoga, pueden ocurrir situaciones como la que le pasó a Génesis García, quien reservó por teléfono la renovación de su libreta. La persona de servicio al cliente que la atendió le notificó que no había cupos en ningún centro de Santo Domingo y le sugirió hacerlo en Bonao, a una hora y media de viaje.
García viajó a Bonao, pues allá había fechas disponibles más cercanas, sin embargo, ese día no se tomó la fotografía para el pasaporte porque llegó después del mediodía. Tuvo que regresar al día siguiente para terminar de renovar el documento.
Estudios
Quejas como estas quedaron evidenciadas en el segundo informe de consultas públicas a gremios y ciudadanos, que elaboró el equipo de Burocracia Cero, programa del Consejo Nacional de Competitividad, en diciembre del 2023, en las que hallaron obstáculos en tiempo de respuestas, atención al usuario y pagos que no incentivan el emprendimiento.
Los analistas obtuvieron 159 comentarios sobre trabas o regulaciones de 28 instituciones. De esos, cuatro respuestas fueron del sector empresarial y 155 de ciudadanos. En las áreas que hallaron más trabas fueron en las instituciones de estudios académicos, en las de servicios de estado civil y migración, de seguridad social, pago de tributos, y seguridad ciudadana y justicia.
“Respecto a los procesos, la ciudadanía destaca el anhelo de menos burocracia, mayor coherencia y eficiencia de estos. Mientras que, sobre el componente tiempo, enfatizan sobre el tiempo de respuesta, y resaltan que desean que los trámites y servicios sean gestionados más rápidos y en menor tiempo”, indica el documento.
Con relación a la automatización e interoperabilidad, la ciudadanía pide la digitalización de los procesos a fin de reducir la entrega de documentación. En cuanto a las normativas, destacan que hay muchos requisitos y que pagan tasas que desincentivan el emprendimiento y la regularización en el mercado.
“Los ciudadanos destacan que requieren de procesos más claros, ágiles, en línea y en menor tiempo. Destacan la necesidad de evitar la legalización constante de los documentos emitidos”, señala el documento publicado en la web del Consejo Nacional de Competitividad.
Un año antes, el Índice de burocracia en América Latina 2022 desarrollado por el Centro Latinoamericano de Atlas Network y el Centro Adam Smith para la Libertad Económica reveló que, en promedio, la República Dominicana destinaba 745 horas al año para cumplir los trámites burocráticos. Solo era superada por Argentina, con 900, y Venezuela, con 1,062 horas al año.
En las áreas de pago de impuestos y administración de operaciones, el país era el segundo que destinaba el mayor número de horas anuales, con 645.8. Era superado por Venezuela, con 740.4 horas. En tercer lugar, estaba Perú, con 467.9.
En esos puntos, los mejores eran Costa Rica, Chile y Brasil, con 96.1 horas al año cada uno.
Los avances del Gobierno
En noviembre del 2020, el presidente Luis Abinader lanzó la Estrategia Nacional de Competitividad, enfocada, entre otros puntos, en eliminar las barreras burocráticas en la ejecución de proyectos de inversión y así hacer de la República Dominicana uno de los 20 países más competitivos del mundo.
Para esto encargó al Consejo Nacional de Competitividad la elaboración de la estrategia para el periodo 2020-2040. Dos años más tarde, en octubre del 2022, se presentaron los primeros avances de Burocracia Cero. Este plan consiste en digitalizar los servicios, similar a República Digital, lanzado en 2017 por el entonces presidente Danilo Medina, con casi 80 servicios en línea.
Así, en vez de republicadigital.do, esta gestión habilitó gob.do, donde se pueden realizar 305 trámites de 46 instituciones. De esta manera, se finalizaron las “tediosas filas y regulaciones complejas”, que restaban tiempo y recursos a la población, aseguró Abinader.
A la fecha, el gobierno ha ejecutado la Ventanilla Única de Inversión (VUI), que abarca 18 instituciones y 31 trámites, así como la Ventanilla Única de Construcción (VUC), que reduce los permisos a 120 y 60 días, y simplifica 21 pasos de 18 entidades.
También, la Unidad Central de Trámites Turísticos (UCTT), que une a las entidades que aprueban los proyectos de este sector clave de la economía, con reducción del tiempo de respuesta de aproximadamente 20 %.
En 2021, el Gobierno lanzó la Estrategia Nacional de Competitividad. (DIARIO LIBRE / ARCHIVO)
Aduanas lanzó el Despacho en 24 horas (D24H) que reduce de seis a un solo día la salida de contenedores, para un ahorro 28,000 millones de pesos. Asimismo, está el registro sanitario de medicamentos, alimentos y bebidas para reducir el tiempo de respuestas en un 80 %.
A nivel educativo, está el Expediente Único Educativo, en el que, desde cualquier parte del mundo, los usuarios imprimen a sus certificados de los niveles básico, bachiller, técnico y universitario.
Otros avances resaltados por la Unidad de Gestión de Resultados del Programa Burocracia Cero es que trabajan en una plataforma para que discapacitados realicen servicios en línea, la digitación del certificado de pensión y en la ampliación del proyecto Viaje Cero, para instalar 29 quioscos en las gobernaciones de las provincias.
Además, en la conexión con la Junta Central Electoral para el funcionamiento del Sistema Nacional de Registro del Estado Civil, que ordena la Ley 4-23; mejora en la certificación de finalización de pasantías de salud y la firma digital para que las universidades entreguen documentos a egresados, entre otros.
