El exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant fueron trasladados la noche de este viernes desde el Palacio de Justicia en la capital al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres en San Cristóbal.
A los señalados le fue dictado 18 meses de prisión preventiva por parte de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El traslado desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en Santo Domingo, hasta la cárcel de Najayo en San Cristóbal, se efectuó pasadas las 11 de la noche, luego de la visita del director de Prisiones, Roberto Hernández Basilio.
El Ministerio Público les imputa participación en el supuesto caso de corrupción perpetrado desde el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), a través de un contrato con la empresa Transcore Latam para intervenir el sistema semáforico del Gran Santo Domingo.
Por el caso, a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, la jueza dispuso arresto domiciliario y presentación periódica.
Los imputados Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas recibieron una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica como medida cautelar.
La revisión obligatoria de las medidas será el 9 de enero de 2025.
La investigación del Ministerio Público, denominada operación Camaleón, que consta de más de 300 páginas, se centra en una supuesta red de corrupción relacionada con una licitación para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, que adjudicó más de 1,317 millones de pesos a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.
El grupo fue arrestado durante diversos allanamientos a residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. Las supuestas irregularidades incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.
