La propuesta de reforma fiscal impulsada por el gobierno de Luis Abinader ha generado un clima de tensión social en la República Dominicana. Desde su anuncio, la iniciativa ha sido objeto de críticas por diversos sectores, quienes consideran que las medidas tributarias afectarían a los sectores más vulnerables, si son aprobadas por el Congreso.
El rechazo común a la propuesta de la reforma fiscal llega solo a dos meses de instalado el segundo mandato del presidente Luis Abinader que decidió someter al Poder Legislativo tres reformas consecutivas: la constitucional, la fiscal y la laboral.
Las vistas públicas, organizadas para recibir las opiniones de diferentes sectores sobre la reforma, sirvieron como escenario para que grupos empresariales, organizaciones sindicales, activistas sociales, políticos, turísticos y ciudadanos comunes expresaran su desacuerdo con varias de las disposiciones incluidas en el proyecto. Ningún sector apoyó totalmente el proyecto fiscal.
Los aspectos más criticados de la reforma son el aumento en el cobro de los marbetes, el incremento del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) y sobre todo, la inclusión de productos alimenticios en el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis), que pasaría a llamarse Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Estas propuestas han originado protestas que han alcanzado su punto máximo con cacerolazos diarios en urbanizaciones de clase media, donde cientos de ciudadanos han expresado su descontento.
El gobierno de Abinader y muchos de sus ministros y legisladores han defendido la reforma fiscal como un paso necesario para estabilizar las finanzas públicas y garantizar el desarrollo sostenible del país. Sin embargo, el rechazo ha sido tal que los líderes de las protestas han pedido una revisión profunda del proyecto, argumentando que las medidas afectan a la población de manera desproporcionada mientras exoneran a grandes empresas y sectores privilegiados.
Las protestas contra la reforma fiscal no se han limitado a la capital. Ciudades como Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís también han sido testigos de manifestaciones. Los cacerolazos, que comenzaron como una forma pacífica de protesta, han ido aumentando en frecuencia y en intensidad, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia popular contra la reforma fiscal.
Hasta el momento, el gobierno ha mantenido su postura con el proyecto, aunque abrió la posibilidad de modificar algunos puntos. De hecho, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, garantizó que el Poder Ejecutivo está dispuesto a corregir “cualquier error garrafal” en la propuesta.
Mientras, en el Congreso Nacional, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sigue su curso normal con la reforma fiscal y se mantiene con reuniones con los diferentes sectores para analizar si rinde o no un informe promoviendo la aprobación de la pieza.
La última gran acción del Congreso con la reforma fiscal fue la vista pública que encabezó la comisión, donde alrededor de 115 sectores expresaron su rechazo a la pieza. Este viernes, otros cinco sectores se sumaron a las reuniones y rechazaron la propuesta tributaria.
