A juicio del presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, la disposición del Ministerio de Administración Pública (MAP) de ordenar a las entidades gubernamentales recopilar datos sobre el cumplimiento de pago de servicios (agua y electricidad), podría generar tensión e inseguridad entre los empleados de ese sector.
El sindicalista sostuvo que, pese a que entiende que en el país “no hay cultura del pago de los servicios”, el MAP debió iniciar con un proceso formativo de los empleados “y luego establecer o buscar el compromiso de que los servidores públicos, como ejemplo a los demás ciudadanos, cumplan con las obligaciones”.
Abreu añadió que la medida se podría ver “como una acción de presión” que genere “un estado de tensión e inseguridad en esa empleomanía, algo que no le hace falta al país”.
“Lo que deben hacer es dar el servicio y ser eficientes con el cobro”, agregó el titular de la CNUS, al tiempo que sostuvo que presionar con esta acción “lo único que causa es molestia, repercute en un disgusto que no es necesario dárselo a la población dominicana que está en una etapa de cierta aprehensión, que está lidiando con los precios y el costo de la vida”.
“Entonces, a los elementos de intranquilidad permanente que está presente ahí siempre le van a agregar un tema como este, ¿para qué?, eso no es necesario”, concluyó.
En un plazo de 15 días laborales, el MAP indicó que las direcciones de recursos humanos de cada institución pública deberán recopilar la información respecto a si los empleados tienen contrato de energía eléctrica y de servicio de agua potable. Si no lo tiene, deberá especificar a nombre de qué familiar está.
A través de una nota de prensa, significó que la medida, que busca mejorar la calidad de los servicios públicos y asegurar las normativas vigentes, tiene como propósito la actualización de las bases de datos del MAP, correspondientes a estas obligaciones de pago, así como identificar posibles casos en los que estos pagos de servicio no estén siendo efectuados.
El documento está dirigido a ministros, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, contralor general de la República, directores generales, nacionales y ejecutivos, administradores generales y nacionales de órganos y entes del Poder Ejecutivo.
