La instrucción del Ministerio de Administración Pública (MAP) a las entidades gubernamentales de recopilar datos que confirmen el pago de servicios, como la electricidad y el agua, ha generado opositores que entiende que es contraria a las normativas de la administración pública y defensores que aseguran que la ordenanza es un ejemplo de la transparencia.
Estas posturas contrarias fueron expresadas por figuras como Darío Castillo y Ramón Ventura Camejo, pasados titulares del órgano rector del empleo público y de los sistemas previstos por la Ley de Función Pública.
Ventura Camejo, funcionario durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, pidió a las autoridades del MAP desestimar la medida. “No es posible establecer ese tipo de presiones, que afectan la dignidad y a la misma Constitución con los derechos fundamentales”, indicó.
Referente a las motivaciones del MAP para la emisión de la circular 018031, como el compromiso del gobierno con el cumplimiento de las obligaciones exigidas a los ciudadanos, Ventura Camejo señaló que este aspecto, además de la disciplina y la responsabilidad, están normados por los reglamentos locales y acuerdos internacionales, “que han sido ignorados”, como la Carta Iberoamericana de la Función Púbica.
Resaltó que esa institución cuenta con normas que tratan las responsabilidades generales de los servidores públicos, evaluación de competencias y un reglamento ético disciplinario. En este último “entrarían las prohibiciones, pero nunca en esas exigencias que hoy se quieren plantear”.
Para el extitular, la disposición violenta los avances que se han logrado en la relación entre servidores públicos y autoridades, tanto políticas como técnicas.
Un ejemplo de transparencia
Para el exministro Darío Castillo la medida forma parte de las acciones del gobierno para garantizar la transparencia y que los servidores públicos “están llamados a demostrar al país que cumplen con todas las normativas. No le veo inconvenientes a eso (la circular)”.
Recordó que el Ministerio es el rector del empleo público “y si cualquier institución de la administración pública requiere que el MAP contribuya a conseguir alguna información de los servidores, pues es la vía más efectiva”.
Sin embargo, el actual coordinador de la Comisión para las Reformas del Estado considera que existen vías más efectivas para levantar informaciones como las citadas en la ordenanza.
“Pienso que cruzando la nómina publica con las Edes (Empresas Distribuidoras de Electricidad) y la Caasd (Corporación del Acueducto y Alcantarillado) se pudiera identificar más rápidamente los servidores públicos que tienen cuentas y cómo están su situación de pago, es más rápido y efectivo”, indicó.
Temen que orden genere inseguridad
A juicio del presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, la disposición del Ministerio de Administración Pública podría generar tensión e inseguridad entre los empleados de ese sector.
El sindicalista sostuvo que, pese a que entiende que en el país “no hay cultura del pago de los servicios”, el MAP debió iniciar con un proceso formativo de los empleados “y luego establecer o buscar el compromiso de que los servidores públicos, como ejemplo a los demás ciudadanos, cumplan con las obligaciones”.
“Lo que deben hacer es dar el servicio y ser eficientes con el cobro”, agregó el titular de la CNUS, al tiempo que sostuvo que presionar con esta acción “lo único que causa es molestia, repercute en un disgusto que no es necesario dárselo a la población dominicana que está en una etapa de cierta aprehensión, que está lidiando con los precios y el costo de la vida”.
Lo que dice la circular del MAP
El Ministerio indicó que, en un plazo de 15 días, las direcciones de recursos humanos deberán recopilar la información respecto a si los servidores públicos tienen contrato de energía eléctrica y de servicio de agua potable, y si no lo tienen a su nombre deberán especificar quién de su familia es el responsable. La semana pasada, los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y Administración Pública, Sigmund Freund, defendieron la circular. Paliza dijo que, así como el Gobierno exige a los ciudadanos pagar por los servicios públicos, los funcionarios deben dar el ejemplo honrando estos compromisos. “La disciplina entra por casa, y es compromiso del gobierno siempre dar el ejemplo en el cumplimiento de las obligaciones que se exigen a los ciudadanos”, explicó el titular de la entidad rectora de la administración pública.
