La República Dominicana intervino en la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas para tratar el cambio climático. En esta audiencia asistieron países como Portugal, Rumanía, Reino Unido, Irlanda del Norte y Santa Lucía, los que pidieron dar urgencia al enfrentamiento de ese serio problema global.
La reunión en la Corte Internacional de Justicia tuvo como finalidad tratar el problema global del cambio climático. Los magistrados escucharon las palabras de los representantes de diferentes países, entre ellos República Dominicana, para tener esas posturas presentes a la hora de tomar decisiones.
Boni Guerrero Canto, director jurídico en el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, representó al país en la convención.
“La Republicana Dominicana aparece en la Corte por primera vez en la historia. Hemos venido aquí porque la República Dominicana tiene una firme creencia de que la Corte está en una posición privilegiada para asistir a la comunidad internacional en relación a este reto existencial”, explicó ante los jueces.
En el inicio de su discurso, Guerrero hizo énfasis en la peligrosidad de este problema. “El cambio climático es un reto sin precedentes para la civilización”. Para hacer frente a este reto, explicó que se necesitan decisiones inmediatas.
Naciones Unidas lleva muchos años tratando de advertir sobre el cambio climático y el cuidado del medio ambiente. “Por décadas, países desarrollados de islas pequeñas, de todos los orígenes, han sido alertados por las Naciones Unidas de que necesitan una cooperación internacional más ambiciosa para prevenir los efectos del cambio climático”.
Uno de los problemas que nombró Guerrero fue el de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano o el ozono. En el país, el sector de desechos es el que más emite metano, representando el 55 % de las emisiones totales del país, según la ONE. “Los gases de efecto invernadero tienen un inequívoco coste y una peligrosa interferencia en el sistema climático”.
República Dominicana no está exenta de cuidar el medio ambiente y tratar de ser un país poco contaminante. Por este motivo, Guerrero manifestó el compromiso que tiene el país en afrontar este problema. “Indudablemente ayudaremos a la comunidad internacional en las inmediatas y fuertes acciones climáticas que se necesitan desesperadamente”, dijo.
El contexto
La Corte Internacional de Justicia celebra audiencias públicas sobre la solicitud de opinión consultiva relativa a las “Obligaciones de los Estados en Materia de Cambio Climático” desde el lunes 2 hasta el viernes 13 de diciembre de 2024 en el Palacio de la Paz en La Haya, sede del Tribunal. Noventa y ocho Estados y doce organizaciones internacionales han expresado su intención de participar en los procedimientos orales ante la Corte.
El 29 de marzo de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución A/RES/77/276 en la que, haciendo referencia al Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas y al Artículo 65 del Estatuto del Tribunal, solicitó a la Corte que emitiera una opinión consultiva sobre las siguientes preguntas: “Teniendo particularmente en cuenta la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el deber de diligencia debida, los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el principio de prevención del daño significativo al medio ambiente y el deber de proteger y preservar el medio ambiente marino”.
La misión de estas audiencias es determinar “cuáles son las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional para garantizar la protección del sistema climático y otras partes del medio ambiente de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero para los Estados y para las generaciones presentes y futuras”.
Además, debe determinar cuáles son las consecuencias legales de estas obligaciones para los Estados cuando, por sus actos y omisiones, han causado un daño significativo al sistema climático y otras partes del medio ambiente, con respecto los pequeños Estados insulares en desarrollo, que debido a sus circunstancias geográficas y nivel de desarrollo, resultan perjudicados o especialmente afectados o son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, y de los “pueblos e individuos de las generaciones presentes y futuras afectados por los efectos adversos del cambio climático“.
La solicitud de opinión consultiva fue transmitida a la Corte por el Secretario General de las Naciones Unidas mediante una carta de fecha 12 de abril de 2023. Mediante una Orden de fecha 20 de abril de 2023, el Presidente del Tribunal decidió que las Naciones Unidas y sus Estados Miembros probablemente podrían proporcionar información sobre las cuestiones sometidas a la Corte para una opinión consultiva.
Posteriormente, el Tribunal autorizó, a su solicitud, la participación en los procedimientos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Comisión de Pequeños Estados Insulares sobre Cambio Climático y Derecho Internacional, la Unión Europea, la Unión Africana, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la Organización de Estados Africanos, Caribeños y del Pacífico; el Grupo de Lanzas de Melanesia, la Agencia de Pesca del Foro de las Islas del Pacífico, la Comunidad del Pacífico, el Foro de Islas del Pacífico, la Alianza de Pequeños Estados Insulares, la Oficina de las Partes del Acuerdo de Nauru, y la Organización Mundial de la Salud.
El Tribunal también autorizó a las Islas Cook y al Estado de Palestina, que no son Estados Miembros de las Naciones Unidas, a participar en los procedimientos. Noventa y un declaraciones escritas y sesenta y tres comentarios escritos fueron presentados en la Secretaría por Estados y organizaciones internacionales.
