La extranjería es un factor de riesgo en violencia de género: desde 2003 una de cada tres mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas había nacido en otro país, un porcentaje que en 2024 superó el 50 % de los feminicidios.
La Fiscalía General del Estado española analiza esta mayor vulnerabilidad, desde Europa se ha alertado de esta realidad y las asociaciones de mujeres migrantes exigen mejorar la respuesta de un Estado que sigue fallando a las víctimas extranjeras.
Un total de 442 mujeres de nacionalidad extranjera fueron asesinadas en España desde 2003 en crímenes de violencia de género, el 34.2 % del total.
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En 2024, año con la menor cifra de feminicidios de la serie histórica (47), el porcentaje de víctimas nacidas en otro país fue el mayor registrado hasta la fecha: por primera vez superaron a las víctimas españolas y fueron el 51 %.
Más denuncias
La Fiscalía General del Estado informaba en su última memoria de que la tasa anual de feminicidios para las mujeres españolas es de 1.68 por cada millón, frente a la de 8.32 por cada millón de extranjeras residentes.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España fueron víctimas mortales de la violencia de género mujeres de 60 nacionalidades.
Los principales países de origen fueron Marruecos (52 casos), Rumanía (47), Ecuador (38), Colombia (29), Bolivia (25), Brasil (19), Reino Unido (19), República Dominicana (15), Argentina (13), Paraguay (13), Alemania (12), Rusia (12), China (11) y Perú (11).
La abogada Tatiana Retamozo, de la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), indicó a EFE que las mujeres migrantes “se acogen más al derecho a no declarar contra el agresor, obtienen menos órdenes de protección, denuncian más y están sobrerrepresentadas en los feminicidios“.
En 2023, el 65 % del total de denuncias por violencia machista las interpusieron víctimas españolas y un 34,7 %, extranjeras.
Preocupación europea
Hace unas semanas, el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (GREVIO), que se encarga de analizar el cumplimiento del Convenio de Estambul (para prevenir y luchar contra todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres) en los países europeos, mostraba su “especial preocupación” por cómo en España las mujeres inmigrantes “están desproporcionadamente representadas entre las víctimas de la violencia de género, incluidos los asesinatos relacionados”.
El GREVIO sostenía que las víctimas en situación administrativa irregular tienen mayor dificultad para que se les conceda una orden de protección, que las extranjeras deben enfrentarse a “obstáculos sustanciales” para obtener protección y apoyo.
La fiscal de Sala delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, incidía en una entrevista con EFE en que el ministerio público lleva años teniendo en cuenta la extranjería como factor de vulnerabilidad.
“Estamos haciendo un análisis de esa situación porque sabemos que las mujeres extranjeras, en situación irregular y a veces en situación regular, tienen muchos menos resortes familiares, menos acompañamiento, menos posibilidades de acceder a los recursos, mucha menos información. A veces tienen problemas idiomáticos, cuando no culturales, de gran peso que les impide acudir a las instituciones”, subrayaba.
Estatus migratorio
Por su parte, Retamozo explica que la sobrevictimización no se limita al aislamiento, ni se sustenta en que aguanten más la relación violenta, ni que sus victimarios sean más violentos por su procedencia (ya que muchos de ellos son españoles), sino que la trayectoria migratoria está marcada por la violencia y la discriminación.
La experta habla de un “sumatorio de violencias” que exceden a la perpetrada por una pareja: institucional, racismo, posiciones de vulnerabilidad y desigualdad, precariedad, explotación sexual, problemas de conciliación, pérdida de custodia, situación administrativa irregular…
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Retamozo detalla que la violencia institucional contra las mujeres se ejerce tanto por acción como por omisión cuando se retarda, obstaculiza o impide el acceso a una vida libre de violencia.
Las víctimas desconocen los recursos, no reciben asesoramiento y muchas, añade, se acogen al derecho a no declarar porque dependen del agresor y su caso es sobreseído.
