Otras dos personas formalizaron ante la justicia su denuncia contra Antonio Beato Dionisio, empleado de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) acusado de estafar a comerciantes mediante maniobras fraudulentas, sumando un total de siete querellantes.
De acuerdo con el Ministerio Público, Beato Dionisio, encargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la Dgspc, contactaba a representantes de empresas simulando operaciones oficiales del sistema penitenciario.
Con este ardid, recibía productos que, según él, serían destinados al Servicio Penitenciario, para luego estafar a los suplidores utilizando documentación falsa.
Aplazan audiencia
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó este viernes la audiencia de medida de coerción contra Beato Dionisio.
La sesión fue reprogramada para el próximo miércoles 9 de abril, con el objetivo de que la defensa del imputado tenga mayor conocimiento del expediente.
El aplazamiento también estuvo motivado por el cambio de abogado del acusado, lo que ha sido señalado por la parte querellante como una posible estrategia dilatoria.
La magistrada enfatizó que esta será la última oportunidad que se le conceda a Beato Dionisio para modificar su defensa.
La parte acusadora considera que las acciones del imputado constituyen un esquema de estafa perjudicial para diversos comerciantes, quienes ahora exigen justicia.
El Ministerio Público lo acusa formalmente de incurrir en los delitos de falsedad en escritura pública (artículos 145, 146 y 148 del Código Penal Dominicano), prevaricación (artículos 166 y 167) y estafa (artículo 405).
Actualmente, el imputado se encuentra bajo custodia en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional. Las autoridades informaron que en las próximas horas solicitarán una medida de coerción en su contra.
El Ministerio Público exhortó a toda persona física o empresa que haya sido víctima de estas maniobras fraudulentas a presentarse ante la Dirección General de Persecución para formalizar sus denuncias o querellas y dar curso a sus reclamaciones dentro del proceso judicial en desarrollo.
