La empresa norteamericana Sargeant Petroleum, LLC, entidad la cual fue durante años la principal suplidora de asfalto al país y recientemente afectada por una decisión del presidente Donald Trump, revocando licencias comerciales a compañías que operaban en Venezuela, mantiene un diferendo legal con la República Dominicana.
Sargeant Petroleum, LLC, firma vinculada al empresario Harry Sargeant III, enfrenta un proceso de arbitraje internacional contra el Estado dominicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), reclamando más de 88 millones de dólares por la terminación anticipada de un contrato de suministro de asfalto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
El conflicto se remonta a noviembre de 2020, cuando el Gobierno de esta nación decidió no renovar el acuerdo firmado inicialmente en 2003 y renovado en 2013. ante la decisión del Estado de adquirir asfalto a través de Refidomsa. Según la empresa demandante, la decisión constituyó una expropiación indirecta de sus inversiones, en violación del tratado DR-Cafta.
El arbitraje ante el Ciadi
A raíz del conflicto, Sargeant Petroleum inició el arbitraje ante el Ciadi en mayo de 2022. El tribunal con sede en Londres, Reino Unido, fue formalmente constituido en octubre de ese mismo año. En paralelo, Dominicana presentó una contrademanda ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), solicitando la nulidad del contrato y el pago de más de 177 millones de dólares. No obstante, en diciembre de 2024, el TSA se declaró incompetente para conocer el caso, remitiendo el litigio a la vía arbitral.
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El caso adquirió una nueva dimensión internacional con la señalada decisión de la administración Trump, revocando en marzo de 2025 las licencias otorgadas a empresas estadounidenses para operar comercialmente en Venezuela, incluyendo a Global Oil Terminals, asociada a Sargeant Petroleum. La firma había obtenido en mayo de 2024 una autorización especial para importar asfalto desde Venezuela hacia EE. UU. y el Caribe, pero debió cesar esas operaciones tras la nueva medida.
El doble frente legal —uno en la República Dominicana y otro derivado del giro geopolítico estadounidense— pone a Sargeant Petroleum en el centro de una disputa que podría tener implicaciones económicas, diplomáticas y reputacionales para el país. El arbitraje sigue en curso en el Ciadi.
