El derrocamiento del gobierno constitucional presidido por el profesor Juan Bosch, ocurrido el 25 de septiembre de 1963, generó una profunda crisis política en la República Dominicana.
Sectores progresistas de las Fuerzas Armadas, con el respaldo de una parte significativa de la población civil, exigían la restitución de Bosch en la presidencia, valorando su papel como líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y su compromiso con un proceso de democratización institucional.
No obstante, sectores conservadores incluyendo mandos militares, jerarcas religiosos y representantes del empresariado justificaron y apoyaron su destitución, alegando supuestas amenazas al orden establecido.
La deposición del presidente Bosch constituyó el antecedente inmediato del estallido de la guerra de Abril de 1965.
Este conflicto enfrentó a dos sectores claramente definidos: por un lado, los llamados “constitucionalistas”, que defendían el retorno al orden constitucional de 1963; y por otro, el denominado “Grupo de San Isidro”, que representaba intereses opuestos a dicho restablecimiento.
En medio de los enfrentamientos, Pedro Bartolomé Benoit, en representación del sector militar no constitucionalista, solicitó formalmente la intervención del Gobierno de los Estados Unidos. Su objetivo era obtener apoyo armado para derrotar a las fuerzas leales a la Constitución de 1963, percibida como un proyecto político de carácter liberal y democrático.
En este contexto, el 28 de abril de 1965, arribó a Santo Domingo la Fuerza Interamericana de Paz, una coalición militar integrada por efectivos de varios países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque con una abrumadora mayoría de tropas norteamericanas.
Bajo la justificación de proteger la vida de sus ciudadanos residentes en el país, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson decidió intervenir militarmente en Quisqueya, enviando marines para sofocar la revolución iniciada por el pueblo dominicano cuatro días antes, que con el pasar del tiempo sumarían 42,000.
Lo que encontraron los extranjeros
Desde su entrada a la capital, las fuerzas interventoras encontraron resistencia por parte de los combatientes constitucionalistas, quienes defendían el retorno al orden democrático interrumpido por el golpe de Estado de 1963.
A pesar de esta oposición, las tropas extranjeras lograron establecer posiciones estratégicas que les permitieron dividir la ciudad en dos zonas de control, debilitando así el avance de los constitucionalistas y obligándolos a replegarse en varios frentes.
Como parte del nuevo orden impuesto, se conformó un gobierno provisional, alterno al liderado por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. Este nuevo organismo fue denominado Gobierno de Reconstrucción Nacional, y estuvo encabezado por Antonio Imbert Barreras, designado como presidente con el respaldo de los sectores que promovieron la intervención.
Los enfrentamientos se prolongaron hasta el 31 de agosto de 1965, fecha en la que se alcanzó un acuerdo de tregua entre las partes en conflicto.
Tras este cese de hostilidades, la mayoría de las fuerzas estadounidenses comenzaron a retirarse, y las labores de mantenimiento de la paz fueron asumidas por tropas brasileñas. No obstante, una presencia militar norteamericana permaneció en territorio dominicano hasta septiembre de 1966.
El papel jugado por la prensa
A nivel nacional, los medios de comunicación dominicanos jugaron un papel determinante en el desarrollo del conflicto de abril de 1965, en un contexto marcado por la Guerra Fría y el temor al avance del comunismo en América Latina.
Muchos periódicos, emisoras de radio y canales de televisión fueron utilizados como instrumentos de desinformación o se alinearon con los intereses de los sectores conservadores, empresariales y militares.
Estos medios difundieron activamente una narrativa que etiquetaba al movimiento constitucionalista como una amenaza comunista, en sintonía con el discurso hegemónico de Estados Unidos.
Esta representación no solo buscaba justificar la intervención militar extranjera ante la opinión pública, sino que también respondía a una lógica geopolítica regional, en la que la estabilidad y el control ideológico eran considerados prioritarios, incluso por encima de la soberanía y la autodeterminación del pueblo dominicano.
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La Revolución del 65 puso a prueba la fortaleza y la independencia de la prensa en el país. La intensidad de los eventos obligó a suspender las ediciones de los diarios en uno de los momentos más críticos del conflicto, cuando la población más necesitaba información precisa y objetiva sobre la situación.
La última edición de los periódicos capitalinos fue publicada el 28 de abril de 1965. A partir de esa fecha, debido al deterioro de la situación, la intervención militar de Estados Unidos que dividió la capital y otros factores relevantes, los diarios tradicionales cesaron su publicación.
El Listín Diario y El Caribe no volverían a circular hasta el 2 de noviembre de 1965.
En los primeros días de mayo resurgió el diario La Nación, que se convirtió en vocero de la causa constitucionalista y se mantuvo en circulación hasta el 24 de octubre de 1965.
Una semana después, también en la zona controlada por los constitucionalistas, comenzó a publicarse el periódico Patria, que representaba a los combatientes constitucionalistas. Su última edición salió el 15 de noviembre de 1965.
Del lado del Gobierno de Reconstrucción Nacional, presidido por el general Antonio Imbert Barrera, circulaba el diario La Hoja, que se presentaba como un medio democrático y popular. Su primer número fue publicado el 19 de mayo de 1965, y su circulación se extendió hasta mediados de 1967.
Es importante destacar el valioso papel desempeñado por los corresponsales de prensa extranjera, muchos de los cuales llegaron junto con los primeros marines estadounidenses que desembarcaron para evacuar a sus compatriotas. Gracias a ellos, el mundo pudo obtener una visión más clara de lo que sucedía en Santo Domingo durante aquellos días.
La prensa durante la guerra civil no aspiraba a la imparcialidad. Cada bando utilizaba los medios para promover su causa: ya fuera motivando a los combatientes constitucionalistas o respaldando al gobierno contrario. En ambos casos, los periódicos respondían a intereses militares, propagandísticos y políticos de las partes enfrentadas.
