Industriales dicen el sector va bien, pero piden reformas

Industria dominicana crece, pero enfrenta retos que podrían frenarla

La industria en República Dominicana está en su mejor momento, creciendo, produciendo y exportando más que nunca, y representa casi un tercio de la economía nacional. Sin embargo, sus líderes advierten que existen problemas importantes que deben resolverse para mantener ese impulso. Entre las principales preocupaciones están la venta de productos sin registro ni etiquetado adecuado, la informalidad laboral y la necesidad de reformas en el Código Laboral y la Ley de Seguridad Social.

Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), destacó que el país tiene potencial para convertirse en un centro industrial y logístico regional, pero que es clave avanzar en la formalidad. La economía informal limita el crecimiento porque dificulta la generación de datos, la confianza y el acceso a financiamiento. Para mejorar, se deben reducir costos y simplificar procesos para que formalizarse sea atractivo y no sólo una obligación.

Además, Brache señaló que la regulación es necesaria, pero debe ser clara, coherente y aplicada de manera igual para todos. Cuando las reglas no se cumplen por igual, se crea competencia desleal y se perjudica a las empresas formales. Esta situación se agrava con la competencia internacional, donde productos extranjeros ingresan bajo condiciones diferentes.

Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, pidió que se exija el cumplimiento de las normas de etiquetado en todos los productos vendidos en el país, para evitar competencia desleal. Subrayó que vender productos sin registro sanitario o con la leyenda "registro en proceso" es ilegal y pone en riesgo a los consumidores.

Finalmente, la AIRD destacó la necesidad de reformas laborales y de seguridad social que incluyan incentivos y modelos flexibles. Actualmente, la informalidad laboral supera el 50 %, lo que complica cualquier cambio normativo. Reformas rígidas podrían excluir a muchos trabajadores y desincentivar la formalización, afectando la sostenibilidad del sistema.