Elección de Justiniano Montero y decisiones institucionales Abinader
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La elección de Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se suma a una serie de decisiones adoptadas durante los gobiernos de Luis Abinader que han favorecido a funcionarios de carrera, mantenido perfiles técnicos y modificado procedimientos para ocupar puestos estratégicos del Estado.
Montero, con casi tres décadas en la judicatura, fue escogido por unanimidad este lunes 2 de noviembre por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por Abinader e integrado también por representantes de la oposición.
De los seis nuevos jueces seleccionados, cinco proceden de la carrera judicial. El magistrado Montero pertenece a ese sistema desde 2001 y forma parte de la Suprema Corte desde 2019.
La elección fue una decisión colegiada, no una designación exclusiva del presidente de la República. También representa una diferencia frente a sus antecesores, Mariano Germán Mejía y Luis Henry Molina, quienes llegaron a la presidencia de la Suprema sin haber desarrollado una trayectoria comparable como jueces de carrera.
Más jueces de carrera en las altas cortes
La elección de Montero tiene antecedentes en otros procesos encabezados por el CNM durante los gobiernos de Abinader.
En diciembre de 2023, el organismo seleccionó como presidente del Tribunal Constitucional a Napoleón Estévez Lavandier, quien había desarrollado una larga trayectoria dentro del Poder Judicial y se desempeñaba como juez de la Suprema Corte.
En diciembre de 2025, el CNM incorporó cinco nuevos magistrados a la Suprema, tres de ellos provenientes de la carrera judicial: Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez y Manuel Hernández Victoria.
Posteriormente, en septiembre de 2026, el organismo evaluó a siete jueces que aspiraban a continuar en la alta corte y confirmó a cinco para nuevos períodos de siete años, entre ellos el propio Montero.
La selección más reciente también estuvo precedida de entrevistas públicas a 83 aspirantes.
Otro proceso ocurrió en julio de 2021, cuando el CNM renovó el Tribunal Superior Electoral (TSE) después de entrevistar a 76 candidatos. Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo fue escogido presidente del organismo junto con otros cuatro jueces titulares.
Estas selecciones correspondieron al Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene la responsabilidad constitucional de integrar las altas cortes.
La independencia del Ministerio Público
Una de las primeras decisiones de Abinader al asumir el Gobierno, el 16 de agosto de 2020, fue designar a Miriam Germán Brito como procuradora general de la República y a Yeni Berenice Reynoso como procuradora adjunta.
Germán había sido jueza de la Suprema Corte, mientras que Reynoso contaba con experiencia como fiscal de Santiago y del Distrito Nacional.
El mandatario les expresó públicamente que tenían independencia para ejercer sus funciones.
En agosto de 2022, Abinader nombró a otros dos procuradores adjuntos recomendados por Germán: José Vitervo Enrique Cabral González e Isis Germania de la Cruz Duarte, ambos miembros de la carrera del Ministerio Público.
Aunque esos puestos eran de libre designación presidencial, el mandatario acogió las recomendaciones de la procuradora.
En octubre de 2024 hizo el cambio constitucional. La reforma promovida por el Poder Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora eliminó la facultad exclusiva del presidente de nombrar al procurador general.
Con el nuevo mecanismo, el mandatario propone al candidato, pero corresponde al CNM decidir su designación. También se incorporaron restricciones a la participación política reciente de los aspirantes y un período de inamovilidad de dos años.
El procedimiento se aplicó por primera vez en febrero de 2025, cuando Abinader propuso a Yeni Berenice Reynoso y el Consejo la escogió por unanimidad como procuradora general.
La reforma mantuvo la iniciativa presidencial, pero trasladó la decisión final a un organismo colegiado.
La reforma también limitó cambios a la reelección
La modificación constitucional de 2024 incluyó otra medida relacionada con las facultades del poder político: nuevas restricciones a los cambios de las reglas de elección presidencial.
El artículo 268 establece que futuras reformas no podrán modificar las reglas de elección presidencial contenidas en el artículo 124, que permite dos períodos consecutivos y prohíbe nuevas postulaciones.
También se incorporó el artículo 278, que impide que un funcionario de elección popular se beneficie de una reforma constitucional aprobada durante su mandato cuando afecte las condiciones de su postulación, elección o permanencia.
Una disposición transitoria establece expresamente que Abinader no podrá volver a presentarse a la Presidencia ni optar por la Vicepresidencia.
Continuidad técnica y concursos públicos
Fuera de la justicia, Abinader también ha mantenido a funcionarios que ocuparon posiciones relevantes durante administraciones de otros partidos.
El caso más conocido es Héctor Valdez Albizu, a quien ratificó como gobernador del Banco Central en 2020, 2022, 2024 y agosto de 2026.
Valdez Albizu había dirigido la institución durante los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina. También fue gobernador entre 1994 y 2000.
En la administración pública, el Ministerio de Administración Pública dispuso que, desde enero de 2023, los nuevos ingresos a puestos clasificados como de carrera debían realizarse mediante concursos.
En 2025, el Poder Ejecutivo creó el Sistema Integrado de Servicios Centrales de la Función Pública, destinado a reunir información sobre reclutamiento, nómina, evaluación del desempeño y carrera administrativa.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores también se reactivaron los concursos para ingresar a la carrera diplomática, después de más de una década sin convocatorias.
En octubre de 2025 fueron seleccionados 50 aspirantes para cursar una especialidad. De ellos, los 40 que obtengan las mejores calificaciones podrán ingresar a la carrera diplomática, después de cumplir los requisitos de formación y prueba.
Policía, contrataciones y Ministerio de Justicia
La reforma de la Policía Nacional es otro de los procesos iniciados durante la administración de Abinader. Si bien, los resultados están pendientes de visualizarse.
En abril de 2021, el Gobierno creó una comisión para impulsar la transformación y profesionalización de la institución.
En enero de 2022 se promulgó el reglamento de aplicación de su ley orgánica, que establece procedimientos de ascenso vinculados con antigüedad, formación, disciplina y evaluación.
La reforma mantiene, sin embargo, la potestad presidencial de designar al director general y al alto mando policial, mientras persisten cuestionamientos sobre el desempeño y el uso de la fuerza por parte de agentes.
En materia administrativa, la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, promulgada en julio de 2025 y vigente desde enero de 2026, incorporó mayores controles, reglas de incompatibilidad y procedimientos electrónicos obligatorios.
Otra reforma fue la creación del Ministerio de Justicia, mediante la Ley 80-25, para trasladar funciones administrativas, penitenciarias y de representación del Estado que históricamente habían estado bajo la Procuraduría.
El propósito es permitir que el Ministerio Público concentre sus funciones en la investigación y persecución penal. La transferencia de competencias continúa su proceso de implementación.
